En 20 años de lucha entre oposición y oficialismo, los venezolanos nos preparamos para asistir al 15º encuentro entre ambos sectores. Un diálogo que se presenta como un caso de resolución de conflicto, pero al que los representantes de ambos bandos llegan con objetivos claros: unos solo piensan en restablecer la democracia en el país, mientras que los otros buscan la manera de sostener el Estado criminal que les ha dado poder y riquezas.

La forma política de gobernar durante estas dos décadas ha evolucionado de un autoritarismo competitivocriminal (2004-2013) a un Estado criminal-fallido (2013-actual). Y se soporta en un andamiaje institucional ilegítimo desde 2018.

Tomando esto en cuenta, la restitución de la democracia en Venezuela exige una solución multidimensional, con una hoja de ruta para que el país vuelva a tener libertades políticas, sociales y económicas; instituciones independientes, garantías jurídicas, ciudadanos prósperos.

Hasta ahora la gran mayoría de los esfuerzos para salir de la situación que ha atravesado Venezuela se ha concentrado en el eje electoral. Y es que existe la convicción de que un nuevo gobierno con legitimidad de origen asegura la reinstitucionalización y reconstrucción del tejido social y material del país –al mejor estilo de la letra del tango “Volver”: “… que veinte años [de chavomadurismo] no es nada”–.

Por ello, todos los diálogos se han enfocado en la integración del Consejo Nacional Electoral, el Registro Electoral, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, el calendario electoral y la observación internacional. Se supone que lo demás, el desmontaje del Estado criminal-fallido actual, y las inversiones para desarrollar el país y generar el bienestar de los ciudadanos vienen configurados por defecto.

Si hasta ahora la dirigencia política dentro de las fuerzas democráticas no ha logrado desplazar el chavomadurismo del poder, por la razón que sea, todos podemos preguntarnos qué es lo que está haciendo diferente en este momento para que la salida de la crisis multidimensional sea una realidad. Asimismo, qué hará para mantenerse al frente del gobierno durante los próximos 12 años, por lo menos, para estabilizar el país. Algo que hizo la Concertación (1990-2010) en la derrota a la dictadura de Augusto Pinochet y en la consolidación de la democracia en Chile.

El Plan País incluye las actividades para salir de la situación actual que atraviesa Venezuela. Sin embargo, para motivar a los inversionistas a traer sus capitales al país, ante la escasez de recursos públicos, es necesario reconstruir la credibilidad del Poder Legislativo y Judicial. Para ello, es necesario una Asamblea Nacional legítima que elabore y apruebe las leyes correspondientes y haya Estado de Derecho (rule of law). Tomará tiempo, no ocurrirá de la noche a la mañana.

Entonces, nos enfrentamos a una negociación que incluya un plan de salvación nacional que permita transitar el camino del Estado criminal-fallido al Estado democrático. Se requiere una aproximación creativa, alternativa, disruptiva y en un sentido distinta a lo lógico y tradicional.

La semana pasada en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) se presentó “Una hoja de ruta para el éxito de las negociaciones en Venezuela”.

La aproximación de los expertos a la situación del país fue el de la resolución de conflicto por la vía de la diplomacia de paz.

“Es crucial encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis, que sea acordada por los propios venezolanos”, dijo el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Audun Halvorsen.

Todos los panelistas coincidieron en que los procesos de paz duran varios años, así que la estructura básica para la resolución del conflicto nacional requerirá no sólo del aspecto electoral.

El conflicto híbrido en Venezuela necesita acortar los tiempos de negociación, buscando soluciones para salir de la crisis humanitaria que atraviesa el país. En vista de ello debería pactarse un decreto de emergencia humanitaria y sanitaria, para el que se pongan a disposición todos los recursos con los que cuentan internacionalmente el interinato y el régimen usurpador.

En el mismo orden de ideas, es necesario ponerse de acuerdo a la mayor brevedad posible en la justicia transicional y en los esfuerzos de reconciliación nacional para resolver los hechos derivados del Estado criminal-mafioso, por ejemplo: Ley de Amnistía y Comisión de la Verdad, entre otros.

Por supuesto que es importante tratar lo relativo las sanciones estadounidenses. Sin embargo, depende del compromiso del oficialismo con el Plan de Salvación Nacional para que la administración Biden tome la decisión de ir desmontándolas. Seguro que será un proceso de control, evaluación y seguimiento; pues la reconstrucción del país depende de la disponibilidad de recursos que, con las sanciones, se reducen casi a cero.

La transición del Estado criminal-fallido al Estado democrático demanda que la mesa de negociación cuente con integrantes que velen por el bien común de los venezolanos. Porque vamos a estar claros, los políticos solo están pensando en las elecciones del 21 de noviembre y no en las próximas generaciones.

En conclusión, la 15ª negociación es más que electoral.

 

 

@AntdelaCruz_|Especialista en economía y petróleo|Presidente de Inter American Trends

 

 

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