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En la mañana del 15 de enero de 2018, Venezuela y el mundo fueron sorprendidos con la terrible noticia de mi ajusticiamiento; yo era piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ese día estaba con otros compañeros  “José Díaz Pimentel”, “Daniel Soto”, “Abraham Lugo”, “Jairo Lugo”, “Abraham Agostini” y “Lisbeth Ramírez”, todos fuimos asesinados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El escándalo por este hecho no se hizo esperar, las redes sociales comenzaron a explotar, la noticia se corrió como pólvora desde el mismo momento que subí un video donde señalaba que estábamos siendo atacados por estos cuerpos de seguridad y al vernos rodeados y neutralizados manifesté la disposición de entregarnos. Ese clamor fue en vano, pues sicarios con y sin uniformes ingresaron a la casa donde nos resguardábamos para ejecutarnos con tiros de gracia; dos murieron a causa de la explosión y cinco fueron rematados, entre ellos “Yo”, que me encontraba atrapado por una viga y herido en el suelo.

Estos hechos repudiables sólo pueden catalogarse como una acción terrorista de Estado para demostrar ante los venezolanos y el mundo su poderío gubernamental. Es la doble moral: El régimen genocida de Maduro y sus cómplices nos asesinaron simulando que hubo un enfrentamiento.

Existen mundialmente procedimientos que siguen el protocolo de negociación entre las partes involucradas basados en el respeto a los Derechos Humanos y fundamentalmente a la vida, pero aquí sucedió todo lo contrario, la orden finalmente fue asesinarnos contrariando la orden inicial de Nicolás Maduro.

Este crimen representaba una noticia de corte nacional e internacional de gran trascendencia por las actuaciones en contra del régimen de Maduro, más interés tomó el caso por la forma irregular como se llevó a cabo esta operación comando. ¿Qué significaba esto? Algo muy grave: Las autoridades no actuaron apegados a derecho, ni con el debido proceso, irrespetaron la Constitución, el Estatuto de Roma y el Estatuto de Ginebra en lo que a derechos humanos se refiere.

¿A qué se debió esto? La respuesta es muy clara, se trata de un régimen autoritario que no respeta la condición y vida del ciudadano, ni los principios y valores que se encuentran enmarcados en nuestra Carta Magna.

La periodista “Irene María De Sousa”, autora del libro “Tierra o Fuego”, para el momento de suscitarse los hechos se encontraba trabajando en la Morgue de Bello Monte y representó una pieza clave para iniciar un trabajo de investigación, cuyos resultados se encuentran plasmados en su obra.

El 15 de enero de 2018 quedará grabado en la memoria colectiva de millones de venezolanos, la masacre de El Junquito ha pasado a la historia como una marca indeleble en nuestras consciencias. El día en que vimos lo que fue capaz de hacer la dictadura que preside Nicolás Maduro, entendimos que su gobierno no tiene límites y es capaz de todo por conservar el poder, inclusive de suprimir cualquier vestigio de enemigo que halle en el camino.

Ya decía en aquellos momentos que los tiempos que vienen para Venezuela prometen ser duros, y necesitamos de gente valiente para alcanzar el rescate de la democracia y vivir en sana paz.

El llamado es a utilizar los instrumentos que se tienen a la mano para ayudar a desmoronar la era sangrienta del chavismo–madurismo, a preservar por sobre todas las cosas la vida y la integridad física para cumplir las misiones que nos toque asumir en el camino, y a entender que todos tenemos un papel importante en esta lucha, esa será la mejor lección que a mi juicio debemos darle a la dictadura y el más grande homenaje que podemos rendirle a quienes murieron de pie contra una atroz tiranía.

No he muerto, vivo en el sentimiento de muchas personas, la lucha debe continuar debemos unir esfuerzo para salir de esta crisis que habita en nuestro país. Sin esta lucha entonces pasarán muchas décadas y estos criminales seguirán en el poder, haciéndose de cualquier esfuerzo para perpetuarse y seguir sometiendo a la población. ¡Despierta Venezuela!

Soy ÓSCAR ALBERTO PÉREZ, titular de la cédula de identidad: V-15.948.499. PROTOCOLO DE AUTOPSIA número: 177.589. Levantamiento de cadáver realizado por el Dr. Sinuhe Villalobos, médico forense, en el mesón de la sala de autopsia de la morgue. Autopsia realizada por la Dra. Ana Nóbrega, patóloga forense. Causa de muerte: traumatismo craneoencefálico severo por herida por arma de fuego disparada a la cabeza. Certificado de defunción número: 3368758 suscrito por Dra. Rismary

Me asignaron el número “122” por despertar consciencias libertarias, en una Venezuela que se debate entre la vida y la muerte.

“La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo”.

 

 

@gervisdmedina|Abogado|Criminólogo|[email protected]

 

 

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