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Venezuela es una prioridad para el Parlamento Europeo y va a seguir siéndolo, A pesar de la posición tibia que adoptado la unión europea respecto a las decisiones que deberían de tomarse en Venezuela, dónde se están violando todos los derechos participativos, políticos sociales, Libertad de expresión; todos democráticos y constitucionales.

La petición de unidad a las fuerzas políticas venezolanas en la oposición al régimen dictatorial de Maduro ha llamado reiteradamente en mesas de diálogo, a apartar las diferencias, para intentar buscar soluciones conjuntas.

En Venezuela, la ciudadanía manifestó de manera contundente su rechazo a la convocatoria y resultados de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen dictatorial. 

La escasísima asistencia a las elecciones del 6 de diciembre puso una alarma a nivel internacional; donde el pueblo venezolano, pide ayuda de manera desesperada y masiva a los organismos internacionales a atender, respetar y cumplir los compromisos internacionales para la Ayuda Humanitaria.

Es evidente que detrás de la convocatoria ilegítima a elecciones del 6 de diciembre 2020, no solo hay una intención de blanqueo del régimen, sino de dar carta blanca a la persecución, ahondar y profundizar la persecución política y destruir el último resquicio de constitucionalidad y legitimidad democrática, refugiado en la Asamblea Nacional electa en 2015.

Es decir aniquilar la democracia para instaurar una dictadura totalitarista de control absoluto en todos los poderes.

El Parlamento Europeo tiene el importante rol de presionar a los Estados que lo integran y solicitar un reconocimiento del Alto Comisionado a la extensión del mandato de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y no el Parlamento, renovó al poder electoral e intervino luego las directivas de los partidos más importantes de la oposición.

Es de suma importancia apelar al “espíritu democrático” de las leyes y su trasfondo político y por ende ante el vacío de poder y de legitimidad electoral, “la continuidad” hasta que se realicen elecciones democráticas, es la interpretación jurídica correcta. 

“Las leyes y las constituciones son interpretables siempre”.

Debemos de considerar que vivimos en un contexto no solo político sino sanitario que ha permitido tomar decisiones que están al límite de las interpretaciones. 

Por ejemplo, la libertad de derechos fundamentales.

Debemos entender que interpretaciones que podrían verse como forzadas, se pueden aceptar, porque es un momento excepcional.

Las sanciones, punto álgido que genera inconformidades, avala la postura de la UE la cual entiende que deben ser a jerarcas del régimen y que no afecten a la población y también que no pueden haber amnistías a personas que han asesinado, violado y torturado.

La oposición concentró en una Comisión Delegada, las facultades y decisiones del Parlamento electo en 2015, estrategia jurídica justificada con fundamento constitucional y legal, pero complicada de explicar al mundo y de digerir en los campos diplomáticos.

Se fundamenta en la ilegitimidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, y de las consecuentes elecciones presidenciales de 2018 y, últimamente, del Parlamento.

La propuesta de la continuidad de la Asamblea Nacional del 2015, órgano democrático escogido por la voluntad ciudadana, sería hasta que haya nuevas elecciones o por lo menos por un año más.

Esta decisión no fue una estrategia, fue un hecho, por el vacío de legalidad al llamado.

El tema de legalidad en la continuidad de la Asamblea Nacional, apela a la Constitución venezolana en su Art 187, y se prorrogó su mandato con el método de una Comisión Delegada.

La Asamblea Nacional escogida este 6 de diciembre de 2020 evidencia el control del poder legislativo donde, de los 277 escaños, 253 son ocupados en este período legislativo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

 

 

@LauraBolla2015|Arquitecta|Adalid político-social Sociedad civil independiente

 

 

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