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La “Política de un Estado o de una organización de cometer un ataque contra una población civil”, deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, tal cual lo expresa el Derecho Internacional Penal

“Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento de los pueblos”.

-El ART 44 DE LA “COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DDHH” establece que “Cualquier persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

-En el “PROTOCOLO DE CARTAGENA DE INDIAS”, los Estados representados en la IX Conferencia Internacional Americana, establecieron el convencimiento de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones.

-En el ESTATUTO DEL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NUREMBERG (1945), se estableció como “Crímenes contra la paz: a saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados”.

Los estatutos de los Tribunales Militares Internacionales ad hoc, evidencian que había una política de persecución que reflejaba una política de Estado, dándole de esta manera una dimensión legal internacional a los crímenes contra la humanidad, el ataque contra población civil antes de la guerra o durante la misma, y la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS DERECHOS HUMANOS?

Los Derechos Humanos (DDHH) son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad.

TODOS ESTOS TRATADOS DEBEN SER UTILIZADOS PARA ENJUICIAR A LOS CULPABLES DE LA ACTUAL VIOLACIÓN A LOS DDHH DE NUESTROS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y EN MODO DETERMINANTE, VENEZUELA Y NICARAGUA.

La “Política de un Estado o de una organización, de cometer un ataque contra una población civil”; es considerado como elemento de crímenes contra la humanidad.

El estado actual del Derecho Internacional Penal debe revisar los antecedentes histórico-jurídicos y los pronunciamientos de los tribunales internacionales ad hoc, de la Corte Penal Internacional (CPI) y de fuentes doctrinales, incluida la Comisión de Derecho Internacional (CDI).

Los habitantes de un territorio y los beligerantes deben permanecer bajo la protección y el imperio del Derecho Internacional, de acuerdo a las costumbres establecidas entre los pueblos civilizados, por las leyes de humanidad y por los dictados de la conciencia pública.

Esta norma sería la piedra angular de los tratados de Derecho Internacional Humanitario a lo largo del siglo XX.

El elemento “Política de un Estado o de una organización” para cometer un ataque contra una población civil, en la jurisprudencia de los tribunales internacionales ad hoc contemporáneos, serviría de base al Estatuto de Roma de la CPI, en especial la postura del Tribunal Penal Internacional.

Valga anotar que la situación en Venezuela no ha sido tratada por los jueces de la CPI, ya que se encuentra bajo examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI desde febrero de 2018.

La etapa actual del examen preliminar adelantado por la Fiscal de la CPI es aún muy temprano para determinar la existencia de patrones de violaciones a DDHH.

La Fiscal ha señalado que las “fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.

Solo el tiempo determinará si para la Fiscalía de la CPI la frecuencia con la que se utiliza la fuerza excesiva por los agentes del Estado llegue a constituir patrones de los que puedan derivarse responsabilidades penales de competencia de la CPI.

También se determinaran los casos llamados “falsos positivos” donde los crímenes fueron cometidos a gran escala y de forma sistemática en cumplimiento de una política de Estado o de una organización, y si en estos casos de “falsos positivos” además se cometieron actos de tortura de forma sistemática o generalizada como parte de “una política de un Estado o de una organización de cometer un ataque contra una población civil” deberá ser tratado como un proceso desde perspectivas diferentes por los Tribunales Penales Internacionales ad hoc,  el cual determinara las responsabilidades penales por crímenes contra la humanidad en el marco de sus competencias.

En la dinámica del desarrollo progresivo del Derecho Internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) no ha sido ajena a los avances de sus antecesores o contemporáneos, (los Tribunales Internacionales ad hoc), al estructurar y aplicar dicho concepto de crímenes de lesa humanidad; y al mismo tiempo ha marcado su propio sendero.

Los Estados Unidos de América consideraron que el contenido jurídico de las “Leyes de la Humanidad” no podía ser definido en el derecho positivo. En consecuencia, la primera definición en Derecho Internacional Penal Positivo de los crímenes contra la humanidad fue propuesta posteriormente en los estatutos de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio, con lo cual esos crímenes adquirieron una identidad separada como crímenes internacionales.

Muchos crímenes de guerra y todos los crímenes de lesa humanidad están atados al elemento “Política” lo que les da su relevancia como “Delitos Internacionales.”

Esto es aplicable a las violaciones de DDHH en países como Nicaragua y Venezuela

La creación de Tribunales Internacionales Ad Hoc, creados ex post facto, busca dar una respuesta de la “Comunidad Internacional” al problema de la impunidad de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ocurridos en contextos nacionales o regionales.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Los Estados Partes en el Estatuto de Roma,  conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, teniendo presente que, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, HAY QUE ADOPTAR MEDIDAS EN EL PLANO NACIONAL E INTENSIFICAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, REAFIRMANDO LOS PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS y, en particular, que LOS ESTADOS SE ABSTENDRÁN DE RECURRIR A LA AMENAZA O AL USO DE LA FUERZA contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, A ESTABLECER UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, INDEPENDIENTE Y VINCULADA CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera, se instituye que la  Corte será una Institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Es evidente que los gobiernos tiranos desconocerán los actos de protesta democrática y constitucional que manifiesten la voluntad ciudadana, como fue la última manifestación en Venezuela con la CONSULTA POPULAR, el 12 de diciembre, para el reclamo de sus DDHH violados y la solicitud a Organismos Internacionales a poner en práctica los convenios internacionales para evitar se sigan violando los DDHH de quienes ilegítimamente se mantiene en el poder.

Evidencia de tiranías: Nicaragua y Venezuela

Lo lamentable es que personeros designados en altos cargos internacionales desconozcan la urgencia de verificación de estos actos violatorios y se hagan cómplices de estas obscuras intenciones.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)

¿Por qué necesita el mundo una Corte Penal Internacional?

Para que los peores crímenes internacionales, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, no queden impunes; disuadir a potenciales criminales

La CPI aún se halla en fase de creación.

Los Estados Unidos, China y Rusia la siguen viendo con gran escepticismo. Sin embargo, 123 países han adherido ya al Estatuto

La CPI no sustituye el trabajo de los Tribunales Nacionales, sino que lo complementa.

LA CPI inicia un procedimiento solo cuando un país no quiere o no está en condiciones de perseguir los hechos de competencia de la CPI. En un futuro, se pretende extender su jurisdicción a todo el mundo.

A pesar de que la Corte Penal Internacional sólo es posible concebirla en un Sistema Internacional que se reconozca a sí mismo como una Sociedad Civil Global, dicha instancia de justicia internacional sólo funciona en individuos provenientes de Estados fallidos que carecen por completo de soberanía Estatal.

La presencia del Estado, por débil que sea, hará de la internacionalización de la justicia un proceso incompleto e insuficiente, en la medida en que limita la acción de las instancias internacionales, en este caso, de la CPI, así como del funcionamiento de la Jurisdicción internacional de justicia frente a crímenes ya no exclusivamente internacionales como la piratería

Para fortalecer la acción del CPI, los expertos realizaron entrevistas con funcionarios y exfuncionarios, personal y defensores externos y representantes de las víctimas, los supervisores de las salas, el personal del Consejo del Sindicato, Estados Parte, representantes y órganos de la Asamblea de Estados Parte, organizaciones no gubernamentales y académicos.

-Desde la Sociedad Civil, es primordial participar en este proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma para lograr fortalecer el trabajo de la CPI y avanzar en la lucha por conseguir que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, no queden sin castigo.

Es indispensable el fortalecimiento de la cooperación entre la CPI y las organizaciones de la Sociedad Civil, con denuncias y pruebas de las violaciones y crímenes de lesa humanidad.

-El informe de los expertos recuerda que las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan a nivel local son clave para el trabajo de la Corte en varias actividades.

Estas organizaciones permiten conseguir la cooperación de las poblaciones afectadas y los grupos de víctimas, ayudan a presionar a las organizaciones políticas en los países en situación, sirven como enlace fundamental con las comunidades de víctimas y como fuente de asesoramiento y defensa en la interacción de la Corte con las autoridades locales. Aunado a esto, son aliadas con respecto a la prensa local y las campañas de propaganda, a menudo realizadas por líderes autoritarios que tergiversan el propósito y las actividades de la Corte.

Considerando los distintos roles que las organizaciones locales pueden desempeñar en el marco del trabajo de la Corte, no es de extrañar que el Grupo de Expertos haya realizado un importante número de recomendaciones referentes a formalizar y fortalecer la relación entre éstas y los distintos órganos de la CPI.

El Grupo de Expertos señala, por ejemplo, que la Corte debe continuar trabajando con la Sociedad Civil en la medida de lo posible, con el objetivo de REFORZAR EL APOYO DE LAS ONG Y LA PROMOCIÓN DE LA CORTE EN PAÍSES y regiones particulares, así como mantener los arreglos de cooperación con la Sociedad Civil en países con situaciones abiertas, que son tan importantes para la implementación exitosa de su mandato en esos países.

Otra de las propuestas es la creación de un COORDINADOR responsable del mantenimiento de relaciones bilaterales con las organizaciones de la sociedad civil en la sede, y la designación de un miembro del personal sobre el terreno que sería el responsable de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil pertinentes.

También se recomendó considerar la posibilidad de ORGANIZAR TALLERES REGIONALES para representantes de las organizaciones y planificar eventos paralelos con las organizaciones locales durante las visitas oficiales de la Corte.

Tres pilares fundamentales para una cooperación efectiva de las organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana con la CPI

Desde la Sociedad Civil Venezolana existe un trabajo por hacer para poder participar activamente en una cooperación efectiva con la Corte.

Este trabajo debe girar en torno a tres pilares fundamentales:

1) Coordinación y organización de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local para mantener una mejor comunicación con la Corte.

Esto es esencial para recibir información actualizada sobre el estado de la situación Venezuela I durante el examen preliminar o la investigación, así como para poder crear un canal de comunicación constante para aportar mayor y mejor información sobre los hechos que ocurren a nivel nacional. Esta coordinación y discusión interna es también necesaria para asegurar la consistencia tanto en la información como en las narrativas que puedan argumentarse en referencia a los crímenes competencia de la Corte.

2) Preparación y capacitación de los miembros de las organizaciones en materia de Derecho Penal Internacional, del funcionamiento de la corte y de las normas de recopilación y comunicación de pruebas.

Del informe del Grupo de Expertos se desprende que uno de los mayores problemas de la fiscalía al realizar una investigación es la falta de presencia en el territorio del país en situación. Frente a esto, la Sociedad Civil puede jugar un papel importante como enlace en el territorio.

Sin embargo, para poder cumplir este rol adecuadamente, se debe trabajar en la construcción de capacidades de las organizaciones de la Sociedad Civil tanto para poder promover e informar correctamente sobre el trabajo de la Corte, como para realizar un manejo correcto de testigos y evidencia que pueda servir como aporte ante una posible investigación.

3) Es imprescindible tener la cooperación con otros Estados Parte al Estatuto de Roma. Esta cooperación es necesaria en dos sentidos.

-En primer lugar, porque cualquier proceso de cambio en el sistema del Estatuto de Roma se hará a través de la ASP, que es el órgano legislativo de la Corte y la encargada de su supervisión.

-En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 86 del estatuto, los Estados parte están en la obligación de cooperar plenamente con la corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia. Esto es de relevancia en el marco de la situación de Venezuela ya que la cooperación de otros estados parte ayudaría a la fiscalía en el proceso de obtención de pruebas, en especial de testigos, ubicados en el extranjero.

Las organizaciones de la Sociedad Civil deben trabajar en pro de obtener esta cooperación de los Estados interesados en el avance de la investigación de los crímenes ocurridos en territorio venezolano que son competencia de la CPI.

Por ello,  en la pregunta #3 de la Consulta Popular, del 12/12/20: la Sociedad Civil solicito la participación de organismos internacionales:

” Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”

Trabajar en estos tres puntos incrementaría la posibilidad de la Sociedad Civil de influir en mayor medida en la implementación de las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos para avanzar en el proceso de revisión del sistema del Estatuto de Roma, así como en el desarrollo del examen preliminar y eventual investigación en la situación Venezuela.

Es de sumo interés examinar las posibilidades de participación de las víctimas y la Sociedad Civil ante la SDIP, (Sección de Derecho Internacional Penal) dotada de jurisdicción para perseguir crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra.

La creación de la CPI, llena un vacío en el Derecho Internacional y es un reflejo de la realidad política

Es importante reconocer la labor que realiza la Coalición por la Corte Penal Internacional en la promoción del Estatuto de Roma con los Estados Miembros. El progreso alcanzado por la Corte Penal Internacional para consolidarse como una instancia judicial plenamente operativa, resalta la importancia que reviste el cumplimiento íntegro de la resolución 1593 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 31 de marzo de 2005, para alcanzar la paz y garantizar que se dé cumplimiento a las órdenes de arresto emitidas y, de comprobarse la comisión de crímenes internacionales, que éstos no queden impunes, y de la necesidad de intensificar, para tales efectos, la asistencia y la cooperación internacional con la Corte Penal Internacional y con la Oficina del Fiscal en la lucha contra la impunidad; 

La Corte Penal Internacional inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela, para determinar la existencia de actos que vayan en contra de los Derechos Humanos.

El examen es un paso previo a una eventual investigación y brinda la oportunidad de que las víctimas, la Sociedad Civil y los Estados sean escuchados.

No obstante, la Fiscal y su oficina, justificándose instaurados en el Estatuto de Roma y los procesos establecidos, no han adelantado los pasos de acuerdo los tiempos convenidos y se alega a que intentos externos, pretenden interferir con la independencia fiscal o el curso normal de la Justicia, y proteger así el caso contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales»

-Es importante evidenciar que las violaciones a DDHH en Venezuela, son producto de causales y diferencias políticas ente el oficialismo mandante y el sector opositor políticas, es decir: 

“Una política de un Estado o de una organización de cometer un ataque contra una población civil

La CPI Judicial añadió que terminará el examen preliminar en el menor tiempo posible y que en este ya se ha concluido que existen fundamentos razonables para creer que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desde el año 2014.

El documento enviado por Almagro y Jared Genser, señala que desde el informe del 2018, los crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, han aumentado en escala, alcance y gravedad; al tiempo que el país enfrenta una Crisis Humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con escasez de alimentos y medicinas, electricidad, gasolina agua y gas doméstico.

Este informe detalla que desde 2014 se han cometido 18.093 ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos. También identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad.

Igualmente, reconoce que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la crisis humanitaria creada por el régimen.

La Organización de Estados Americanos reseña 724 casos de desaparición forzada entre 2018 y 2019; 653 casos documentados de tortura; también se señala que «la violación y la violencia se recrudeció

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano”.

 

 

@LauraBolla2015|Arquitecta|Adalid político-social Sociedad civil independiente

Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional

 

 

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