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VERDADES Y RUMORES|Desempolvando el caso de “PDVSA US Litigation Trust”

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CHAVISMO AZUL. Persisten los ataques desde un sector de la oposición contra Verdades y Rumores. El estudio realizado sobre el tipo de ataque y su origen determina que se trata de una ofensiva DDoS que están lanzando desde Estados Unidos, lo que permite deducir que no se trata de la acostumbrada operación del SEBIN y el G2, sino de un sector de la oposición que tiene el dinero para pagar ese tipo de acciones, que por cierto no son nada baratas. Ese “chavismo azul” pretende tapar sus errores e irregularidades silenciando a los medios que hacen verdaderamente periodismo independiente. Ya no se conforman con sus campañas de descrédito en redes sociales, sino que aspiran hackear medios digitales. Pobre Venezuela si estos tipos llegan al Palacio de Miraflores.

PDVSA (I). La crisis venezolana ha erosionado tanto la confianza nacional, que estamos acostumbrados a señalar como mentira cualquier acción o mensaje emanado desde el chavismo, pero además a avalar lo que se diga y haga desde la oposición. Pero resulta que en algunos casos hay puntos intermedios o matices que debemos revisar, con el fin de encontrar las verdaderas razones. Hay problemas en los cuales chocan versiones sesgadas por ambas partes que se aprovechan de la desconfianza, que es un deporte nacional en este momento, para vender su verdad. Lo ideal en estas situaciones es indagar, tomar puntos de cada versión de los bandos en pugna y sacar conclusiones. ¿Quieren un ejemplo? Tomemos el caso de “PDVSA US Litigation Trust” que es parte de ese juego macabro de intereses, en el cual convergen chavistas y algunos opositores. Cada uno pelea con verdades acomodadas de acuerdo con sus intereses. Debo admitir que ese caso se traspapeló en mis anotaciones, porque estaba pendiente de comentarlo, pero una nota publicada por el Diario 2001 y que fue hecha por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el domingo 02/08, me llevó a retomar el caso. Esa nota hacía referencia a un trabajo periodístico firmado por la periodista, Anya Parampil, y que fue publicado en el portal “The Grayzone” el 25/07. Aquí comienzan los matices. ¿Por qué? Porque ambos trabajos periodísticos están orientados a defender al chavismo y atacar a la oposición, pero eso no excluye que contengan algunas verdades que merecen ser expuestas. Ambas publicaciones hacen referencia a la demanda interpuesta en Florida y Suiza por un fideicomiso de nombre “PDVSA US Litigation Trust” en febrero de 2018 y que buscaba que un grupo de personajes y empresas pagaran una alta indemnización, por haberse beneficiado de información privilegiada sobre licitaciones de cargamentos de petróleo que hacía PDVSA. En aquel momento se demandó a las empresas Lukoil, Glencore, Trafigura y Vitol que es una compañía que ha participado en varios casos escandalosos, entra otras, pero además a varios personajes involucrados entre los cuales aparece un nombre importante: Francisco Morillo. ¿Quién es Francisco Morillo? Es un conocido bróker petrolero venezolano que ha hecho buenos negocios con el chavismo, pero también ha financiado a la oposición. Se dice que está muy vinculado a Leopoldo López y Henry Ramos Allup, porque se asegura que un hijo de éste trabaja con Morillo. Detrás de “PDVSA US Litigation Trust” estaba principalmente Wilmer Ruperti, que había sido socio de Morillo, pero que por disputas económicas habían terminado su relación en muy malos términos y creo que cuando digo en “muy malos términos” me quedo corto. A “PDVSA US Litigation Trust” se sumaron varios venezolanos, no ligados al chavismo, que buscaban una decisión favorable y que el dinero quedara en custodia en EEUU, para que fuese entregado una vez se iniciara una transición en Venezuela. La mayoría de esos connacionales abandonaron la causa indignados y asqueados por las maniobras del oficialismo y un sector de la oposición. Si era una jugada que nació en el chavismo, ¿Por qué se sumaron? Porque en ese momento era una decisión ética cuidar los intereses del país, como verán más adelante en esta columna. Ese caso significó un nuevo choque de dos bandos: chavismo y oposición. Es bueno aclarar que no participó toda la oposición, sino sectores muy específicos y comprometidos con Morillo que ya ustedes pueden identificar quienes son los involucrados. Cada grupo defendía sus intereses y los escondían detrás del supuesto resguardo del patrimonio de Venezuela, pero en realidad estaban cuidando sus bolsillos. Cada uno usó el tema para manipular la verdad de lo ocurrido y el fondo de la demanda ¿Cuál es la verdad? Se los cuento más adelante en esta columna.

NO PARTICIPAR. Creo que el documento firmado por 27 organizaciones políticas, que forman parte de la oposición que lidera Juan Guaidó, en el cual fijan su posición de no participar en las elecciones del 6D, es un buen paso, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque más allá del documento público, no se evidencia una estrategia que permita hacer frente a ese proceso comicial que, nos guste o no, marcará un punto de inflexión en la lucha por desalojar al chavismo del poder. Hasta ahora no hay un plan de acción para hacer frente no solo a la etapa previa a la votación, sino sobre todo a la etapa posterior donde desaparece la actual Asamblea Nacional y entra en funciones un Parlamento dominado por el PSUV, con alguna que otra presencia de supuestos opositores. Siempre he creído en el voto como método de expresión y juicio popular, pero en condiciones de igualdad y transparencia. Nada de eso existe en la actualidad. No se avanzó nada en la depuración del poder electoral, retraso en lo cual la oposición tiene su cuota de responsabilidad, porque por segunda vez dejó pasar la oportunidad de nombrar los nuevos rectores del Poder Electoral. La consecuencia es que el chavismo se movió y confirmó su secuestro de las elecciones. Así es imposible participar en una farsa que ya está diseñada. Está bien que no participen, pero tiene que haber un plan que basado en una estrategia permita capitalizar el nuevo error del oficialismo. Temo que no lo hay. Por más que pregunto, nadie me sabe decir. Solo repiten frases y lugares comunes. Si no hay un plan eso es muy malo. Pareciera que el Centro de Gobierno solo está dedicado a construir los argumentos para defender la continuidad administrativa de la actual AN, nombrar un gobierno en el exilio y que un sector bien definido de la oposición siga controlando las empresas en el exterior y la relación con la coalición de naciones liderada por EEUU. La transición en Venezuela no se va a producir por “generación espontánea” y en este momento la oposición no llena dos cuadras de una avenida caraqueña. Hay un sector opositor que analiza la posibilidad de convocar a una consulta electoral alterna al proceso organizado por el chavismo. Eso pudiera ser positivo si hay una verdadera unidad y que sea parte de una planificación. De nada serviría repetir la historia del plebiscito del 16 de julio de 2017, que generó tantas expectativas y luego no terminó en nada. Todavía la oposición está a tiempo de construir una verdadera unidad y trazar un plan. Ojalá el plan sea no tener un plan.

LUZ. Persiste el escándalo en la Universidad del Zulia en torno al nuevo contrato de servicios con la Corporación Airtek, para dar internet a las facultades y dependencias. Más allá de los argumentos en torno a si el contrato se aprobó sin que los integrantes del Consejo Universitario pudieran revisar a tiempo el informe técnico, además de las presuntas violaciones a las normativas de contratación de una universidad pública, hay algo que debe aclararse ¿Quién o quiénes permitieron la instalación de esa radio base en el edificio rectoral? ¿Eso se hizo a cambio de qué? ¿Por qué no se firmó un contrato cumpliendo con lo establecido en la ley? ¿Por qué tanta opacidad? Esta es una parte importante del escándalo. Tan importante que un grupo muy influyente de LUZ está supuestamente boicoteando cualquier investigación que arroje luz en medio de la oscuridad del caso. Hagamos un recuento del impasse. La pasada semana el Vicerector Administrativo de LUZ, Clotilde Navarro, anunció con fanfarria el acuerdo con Airtek que le permitiría a la universidad disponer de servicio de internet de calidad, pero cometió un desliz que generó el escándalo. Revisemos una parte del comunicado: “Desde que asumimos este despacho observamos como el personal de la referida compañía llegaba al edificio y pretendía acceder a las instalaciones, sin ningún tipo de supervisión, en vista que las condiciones de seguridad en la azotea eran nulas. Es por ello que giré instrucciones para que esto se aclarara y fue allí que se pudo determinar que no existía ningún documento que avalara esto y mucho menos un responsable en representación de LUZ. Eso abrió un tema que pudiera terminar trayendo muchas sorpresas al seguir hilando para intentar llegar al fondo. ¿Qué se sabe hasta ahora? Lo que se conoce hasta ahora, es que desde hace casi tres años se instaló esa radio base en la azotea del edificio del Rectorado de LUZ, para dar internet a un grupo reducido de facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades está una antena receptora que da servicio a algunos postgrados de las facultades vecinas. Aparentemente, el internet beneficiaba fundamentalmente a los postgrados de algunas facultades y es ahí donde la cosa se pone algo fea. ¿Por qué? Porque es bien conocida la opacidad en el manejo de algunos postgrados en LUZ, que tienen estudiantes extranjeros que pagan en dólares, hecho que ha sido denunciado en varias ocasiones porque no hay información clara sobre la administración de esos ingresos en divisas y sobre lo cual no se ha hecho una investigación seria, porque hay intereses muy poderosos que presuntamente se benefician y que evitan cualquier indagación que despeje tantas nubes negras, alegando la autonomía universitaria como excusa. Pareciera que por eso hay tanto esfuerzo actualmente para frenar una averiguación sobre la instalación de la radio base, porque eso podría destapar todo lo que se esconde detrás de los postgrados que cobran en dólares. Ahora bien, sobre el tema conversé con el actual presidente de Airtek, Samuel López, quien aclaró que esa radio base pertenecía a Corporación Matrix, que es una de las tres empresas, además de Airtek y Multivisión, que se fusionaron y eso generó la evolución hacia Corporación Airtek. López indicó que cuando se dio la fusión se trabajó para revisar y corregir los problemas en las legalizaciones de todas las instalaciones de antenas y radio base, pero la de LUZ fue la que más dificultades generó. Según se desprende de lo explicado por López, él no tiene información sobre ese proceso de instalación que tanto escándalo está generando en la Universidad del Zulia. Lo cierto de todo, es que este caso merece una investigación profunda que permita aclarar quién o quiénes autorizaron ilegalmente la instalación de esos equipos, sin que mediara el necesario contrato con la institución. Las presiones para evitar la averiguación no solo provienen de LUZ, sino también desde la Gobernación del Zulia. ¿Qué intentan esconder? A favor de quienes juegan a enterrar el tema está que la universidad entró en período vacacional.

PDVSA (yII). La verdad detrás de “PDVSA US Litigation Trust” es que ese fideicomiso se creó para demandar a un grupo de empresas, bróker, empresarios y hasta funcionarios quienes participaron en una gran operación de espionaje industrial, que obtenía información confidencial sobre las licitaciones de cargamentos petroleros de PDVSA y usaban los datos para ganar dichas licitaciones. ¿Cómo obtenían la información? Aquí comienza lo grave. Se asegura que supuestamente Francisco Morillo usó sus contactos en PDVSA y hasta contrató los servicios de un hacker, para instalar en una laptop un servidor espejo del servidor central de PDVSA, lo que permitía conocer en tiempo real todas las licitaciones por embarques de crudo que hacia la empresa venezolana. Eso es espionaje industrial en cualquier parte del mundo. Todo iba muy bien y permitió a los involucrados manejar ganancias enormes porque podían saber con anticipación que iba a sacar a la venta PDVSA, para ellos ser los primeros en ofertar. Se comenta que además a través de ese servidor espejo accedieron a más información, que les posibilitaba hacer buenos negocios con la industria petrolera venezolana. Pero de pronto la operación fue descubierta. ¿Qué ocurrió? Al parecer Francisco Morillo estaba envuelto en un divorcio muy complejo y su esposa sabiendo lo que hacía se llevó la laptop e hizo contacto con Ruperti, a quien le contó lo que ocurría y también le entregó la computadora, que fue sometida a experticias y encontraron el servidor espejo. Eso lo vio como la oportunidad de vengarse de Morillo y ahí comienza a gestarse el fideicomiso “PDVSA US Litigation Trust”, que tenía una fachada tan creíble que llevó a participar a venezolanos que viven en EEUU, no chavistas, y que decidieron sumarse en defensa del país. Luego, repito, salieron del caso cuando descubrieron el fondo de las actuaciones de oficialistas y opositores. “PDVSA US Litigation Trust” plantea dos demandas. Una en Florida y la otra en Suiza, buscando una indemnización que comenzó en US$10 mil millones, pero luego de varios cambios terminó en US$3 mil millones. La demanda en Florida se planteó en febrero 2018, pero un mes después la Corte de ese estado desestimó la misma, principalmente a raíz del testimonio dado por un “testigo experto”. ¿Adivinen quién fue ese “testigo experto”? Pues nada más y nada menos que el ex Procurador especial designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández, quien hizo un papel similar al que tuvo con Crystallex, cuando ayudó a probar que la figura del “Alter Ego” permitía a dicha compañía quedarse con acciones de PDVSA Holding y que ahora se convierte en un argumento para hacer lo mismo con Citgo. En aquel momento chavismo y oposición libraron otra batalla. Uno de los movimientos opositores fue que en abril 2018 la Asamblea Nacional declaró como inconstitucional el fideicomiso “PDVSA US Litigation Trust”. El chavismo usó la versión de los hechos que más de un año después rescata la periodista Anya Parampil, mientras la verdad del lado de un sector de la oposición se difundió a través de varios medios. No es casual que en este caso aparezcan de nuevo los nombres de Leopoldo López y José Ignacio Hernández, sobre todo por la participación de Francisco Morillo liderando supuestamente la operación de espionaje industrial. Algo importante en este caso, es que no importa que PDVSA estuviera y siga manejada por el chavismo, es poco ético avalar que se haga una jugada de espionaje como esa, porque al final los intereses que se afectan son los del país. Aquí sencillamente hubo una defensa de intereses grupales, por la participación de un financista de dos sectores de la oposición. En algún momento de la historia por venir, tendrán que rendir cuentas de esto y de los tantos casos donde huele muy raro. En este caso, como en muchos otros, quien pierde es Venezuela con las maniobras del oficialismo y dos grupos de la oposición. ¿Es casual que los nombres de Leopoldo López y José Ignacio Hernández aparezcan ligados a hechos poco claros? Para mi no.

CITGO. El riesgo de perder Citgo sigue siendo noticia porque un sector del gobierno interino ha cometido errores, que pudieran servir de argumentos a favor de las empresas y deudores que exigen la entrega de acciones de esa empresa, como parte de pago de los laudos arbitrales que ganaron ante el CIADI y los intereses no cancelados a los tenedores de bonos 2020 de PDVSA. En medio de todo lo que se dice y afirma, leí con detenimiento una propuesta que hizo el abogado venezolano, Carlos Ramírez López, quien propuso y justificó el uso de la figura del “Alter Ego al revés” para proteger a Citgo de los objetivos de las compañías y bonistas, explicando que en el caso de Crystallex quien demanda no es la empresa víctima de la expropiación ordenada por Chávez de la Mina Las Cristinas, porque vendieron 80% de sus acciones a la firma buitre “Tenor Capital”, que pagó US$76 millones por esa participación y lo que buscaban era multiplicar su inversión con el juicio entablado ante el CIADI. La expropiación no le quito nada a Tenor Capital, porque ellos no eran parte de Crystallex y sencillamente su irrupción es parte de una estrategia especulativa.

LA NOVELA ALEX SAAB. Surgen nuevos capítulos de gran tensión en la novela sobre la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a EEUU. Tal como se había informado extraoficialmente, el pasado viernes estaba prevista una decisión importante, aunque en realidad fueron dos. Primero el Tribunal de Apelaciones aprobó la extradición solicitada, aunque la defensa fue informada días después. Pero además el Tribunal Constitucional también desestimó una solicitud de amparo, al considerar que no se habían agotado todas las instancias de la justicia de ese país. Todo el proceso va bien encaminado, pero aún la muy costosa defensa del testaferro de Maduro tiene dos instancias a las cuales recurrir solicitando la libertad de su cliente. Su estrategia ahora se basa en el estado de salud de Saab, aunque parece que no será del todo efectiva. De parte de EEUU, ya el operativo de seguridad se ha definido y lo mantienen en secreto. Todo indica que una vez reciban la decisión final que les entregue a Saab, no van a anunciar nada y lo harán una vez el ciudadano colombo-libanés esté en suelo americano. Por otro lado, el área de seguridad especial de reclusión en el Federal Detention Center en Miami ya está lista y solo espera por Saab. Los próximos días veremos los últimos capítulos de esta primera temporada de la novela. ¿Habrá segunda? Si lo extraditan comienza esa nueva fase.

GOBERNABILIDAD. ¿Recuerdan mi comentario sobre los efectos que la pandemia podría tener en el chavismo y generar una crisis de gobernabilidad? Bueno resulta que están ocurriendo movimientos muy extraños en el oficialismo, sobre todo contra aquellos líderes que están convalecientes por el Covid-19. La conversación de Maduro con un supuesto Diosdado Cabello enfermo levanta muchas conjeturas, porque sin ser experto en la materia no parece la voz de DC. ¿Por qué hicieron ese montaje? Cualquier cosa que usted piense sobre eso, sería lógica tomando en cuenta que en el oficialismo son de “rosca al revés”. Esperemos más evidencias. Algo ocurre en las entrañas del monstruo.

UNIDAD. La lista de los 27 partidos opositores que comunicaron su decisión de no participar en las elecciones del 6D, generó reacciones encontradas porque hay organizaciones que están en la lucha de la oposición, pero no fueron tomadas en cuenta. Esa es una señal de falta de unidad. Sobre este tema se comunicó conmigo el secretario general del Partido Centro Democrático (PCD), Marco Rivero, para fijar posición ante ese documento: “Por un lado nos alegra que nuestra posición de no participar e inclusive de solicitar al TSJ la suspensión de los comicios, haya tenido eco en otros participantes en la oposición, porque ese proceso además de ilegal es un riesgo de salud pública. Pero además rechazamos que nosotros y otros grupos políticos no hayamos sido invitados a firmar ese documento que es muy importante, lo que es una señal de la complejidad de construir una verdadera Unidad en la oposición, porque las discusiones no son entre todos los que estamos en esta trinchera, sino solo con algunos que son dóciles al G4”.

ABUSO. El oficialismo sigue haciendo de las suyas con sus abusos. Si alguien con cierto poder dentro del chavismo se enamora de una propiedad o empresa, actúa para apropiarse de ese bien sin que pueda hacerse mucho para hacer respetar la ley. El pasado 30 de julio a eso de las 8 de la mañana una comisión de la DGCIM se presentó en la Quinta “Los Gnomos”, ubicada en la calle Yacht Club de la urbanización Caribe, en el estado La Guaira (antes Vargas). Esa propiedad le pertenece a Isabel González Capriles, quien la recibió como herencia de su abuelo, César Capriles, quien la construyó en 1967. Los funcionarios de contrainteligencia militar desalojaron a la fuerza a la señora María Larrazábal López quien vivía ahí desde noviembre de 2016 junto a sus cuatro hijos, todos menores de edad, incluyendo a un lactante. La justificación de la comisión de la DGCIM fue que el inmueble debía ser desocupado porque está bajo investigación de dicho organismo de inteligencia y represión. No hubo orden judicial, ni tampoco estuvo presente un fiscal. Tampoco la propietaria ha sido informada de la supuesta investigación. Luego de 12 horas de conversaciones y argumentos de la familia que no tiene a dónde mudarse, el capitán a cargo del operativo le dio 15 días para que salgan del inmueble. La denuncia del atropello fue introducida ante el Ministerio Público, tanto en La Guaira como en Caracas, pero aún no hay respuesta y el plazo dado por los militares sigue corriendo. La conducta de los funcionarios de la DGCIM es otra muestra de cómo los organismos de seguridad del chavismo violan la Constitución y las leyes.

ELECCIONES. Y nada que el TSJ o el CNE se pronuncian en torno a la necesaria suspensión de las elecciones del 6D, porque representan un riesgo de salud pública. Han pasado más de tres semanas desde que el abogado, Sergio Urdaneta, en su condición de presidente promotor del Partido Centro Democrático, introdujo un amparo cautelar contra el proceso comicial considerando que la pandemia es un peligro para la ciudadanía y nada que el TSJ da respuesta.

GASOLINA. Tal como se proyectó de nuevo los inventarios de gasolina en todo el país llegaron a niveles preocupantes. La gasolina iraní se gastó y aún no hay una real recuperación de la producción nacional. Hay limitaciones en la refinería El Palito a pesar de todos los esfuerzos que han hecho técnicos iraníes y venezolanos por aumentar la producción. Mientras que en Amuay y Cardón las cosas se pusieron feas cuando quisieron aumentar producción y se registraron incidentes graves con las tuberías, porque pretendieron usarlas sin hacerles mantenimiento y eso generó explosiones. Por eso el derrame de petróleo que afecta a las cosas de Falcón. El reporte que recibí el lunes desde Bajo Grande en el Zulia, indica que tocaron fondo el fin de semana pasado, pero el domingo en la noche llegó una barcaza con algo de combustible. Por eso el feroz racionamiento en las estaciones de servicio. Lo peor es que no hay perspectivas de mejoría a corto plazo.

#CONTRASTES. Este viernes a las 7PM no deje de ver el cuarto programa de #Contrastes, en el que converso con el politólogo y encuestador, Efraín Rincón, analizando la lucha de la oposición y las probabilidades de una salida al conflicto. Recuerda suscribirte al canal YouTube de Verdades y Rumores: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

APURO. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, tiene mucho apuro por reabrir el Mercado Las Pulgas y eso ha despertado la curiosidad de los comerciantes, quienes claro que quieren abrir sus negocios, pero temen que tanto agite sea para cobrarles vacuna e impuestos, como hicieron con el Mercadito de “Julián”. La preocupación es que quieran aplicarles el mismo esquema de 50/50.

APAGONES. A raíz del comentario de la semana sobre el castigo eléctrico al que someten a los vecinos de la Urbanización El Naranjal en Maracaibo, recibí mensajes de diversas zonas de la ciudad quejándose de la misma situación. Los único que no tienen quejas son los vecinos que viven en circuitos que son privilegiados porque viven enchufados o porque hay quienes pagan vacuna a gerentes o trabajadores de Corpoelec. El castigo es general, aunque varía en el tiempo que dura el apagón y el horario.

AJUSTE. Los guardias nacionales que supuestamente custodian las estaciones de servicio en Maracaibo, inesperadamente subieron las tarifas en dólares para la atención VIP, alegando que debían recoger dinero para la fiesta por el nuevo aniversario de la GNB. Quien no pagó el aumento en la tarifa, no cargó gasolina. ¿Y las fiestas no están prohibidas? Se pasaron de vivo estos uniformados de verde.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]

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