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Si hay algo que han intentado durante la pandemia por Covid 19 o coronavirus, es esconder la crisis e invisibilizar el dolor de miles de familias venezolanas que son víctimas de la emergencia humanitaria. Una emergencia que tiene nombre y apellido en sus responsables, todos, ocupantes de Miraflores. Y que lejos de buscar presentar soluciones –la principal es su salida-, solo han perseguido y buscado callar a las víctimas.

Nuestros pacientes crónicos renales y oncológicos, han vivido un verdadero viacrucis durante los últimos días. Al inicio fue sortear las dificultades para llegar con la poca gasolina que tenían a cumplir con sus tratamientos. Rogando a Dios que el personal pudiera llegar o que los insumos se pudieran conseguir. Que las fluctuaciones o bajones no interrumpieran el proceso o que la cisterna con agua haya llegado. Cuando la gasolina se les agotó, fuimos viendo en las estadísticas como el ausentismo en los centros de hemodiálisis podía llegar al 60%. No han recibido salvoconducto, y en las últimas semanas los hemos visto protestar, exigiendo respeto a su derecho a la vida, pues lo que están, es siendo condenados a muerte. Es inaceptable, que han tenido incluso, que cerrar la circunvalación 1 de Maracaibo, exigiendo gasolina y atención por parte de las autoridades.

Las unidades de recuperación nutricional en los hospitales zulianos, se encuentran cerradas por la contingencia del Covid 19, lo que expone aún más, a cientos de niños que gracias al apoyo de organizaciones que colaboran y son parte de estas unidades, pueden recibir sus medicamentos, alimentos y micronutrientes. Desde el inicio de la cuarentana, su control nutricional no ha tenido seguimiento ni apoyo, lo que en medio del distanciamiento social y el no poder generar ingresos diarios, en la mayoría de los casos, traería como consecuencia un retroceso en su recuperación nutricional. Atender a estos cientos de niños, en el estado de mayor desnutrición infantil del país, debe convertirse en una prioridad urgente.

Una de las consecuencias de la suspensión de clases para que los niños terminen el año desde sus hogares, sumándola a la falta de internet, electricidad o teléfonos inteligentes, es el no poder acceder al programa de alimentación escolar, tanto de las instituciones dependientes del gobierno, como de organizaciones educativas privadas o sin fines de lucro que lo ejercían. Pequeño el aporte o no, en la alimentación del niño, para muchos era un alimento que les permitía sustentar su día y que, en su hogar, no pueden acceder a él.

Nuestra diáspora, ha sido una de las más vulnerables ante la cuarentena y las medidas aplicadas por los gobiernos del mundo. En su mayoría, dependen también, del ingreso diario que ya no están percibiendo. Parte de ese ingreso diario, era enviado a Venezuela para mantener y ayudar a sus familias. Han sido víctimas de la xenofobia, de tratos crueles y en este momento, están pasando grandes necesidades. Muchos, sobre todo los que hacían vida en las zonas fronterizas con Venezuela, regresaron al país, para recibir traros aún más crueles e inhumanos en condiciones de hacinamiento, insalubridad y hambre. Lejos de recibir una ayuda, se convirtieron en un objeto de propaganda política de los mismos responsables que los han hecho huir de la crisis que vivimos los venezolanos.

El cierre de los mercados populares donde en su mayoría se desarrolla el comercio informal, que es, además, el centro de distribución para pequeñas tiendas y bodegas en las comunidades y barrios de la ciudad, ha sido un duro golpe al bolsillo de miles de familias. Desde el transportista que sobrevivía con su ingreso diario, hasta ese mismo bodeguero que ya no encuentra donde abastecerse a precios más económicos que le permitan vender y tener una ganancia para sobrevivir. Hoy, para quienes no tienen vehículo y deben salir a comprar alimentos o medicinas, el pasaje de chirrincheras, carros por puesto o algún transporte puede llegar a costar hasta Bs. 150.000 en efectivo. ¿De dónde saca un marabino esa cantidad? Sin bancos abiertos y con un sueldo mínimo de Bs. 250.000.

En los municipios del Sur del Lago de Maracaibo, nuestros productores están desesperados al ver como su trabajo de meses se consume en el agua que ha inundado decenas de comunidades en los últimos días. Más de 30.000 hectáreas de producción agropecuaria podrían perderse. No tienen combustible para las bombas de achique, tractores ni vehículos para sacar sus cosechas. Sólo en plátanos, siendo esta la región de mayor producción, estaríamos hablando de más de 10.000 hectáreas en riesgo y producciones como las de guayaba, totalmente perdidas.  La misma escases de gasolina, amenaza el traslado de sus cosechas desde mucho antes del inicio de la cuarentena, y lejos de resolverse, se agudizó. Sin transporte para sacar su cosecha, y sin venta, nuestros productores quedarían no solo sin ingresos, también sin capital para una nueva siembra. Esta realidad se repite en municipios como Jesús Enrique Lossada, Machiques o Rosario de Perijá, donde los productores no tienen como transportar sus víveres, leche y queso hasta Maracaibo.

En medio de la crisis, no olvidemos a quienes han intentado invisibilizar y alcemos la voz por ellos.

 

Presidente Fundación Construyamos País|Miembro de Primero Justicia|@Orlandochacon_

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