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Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad, pero no a cualquier precio

Rigoberta Menchú

Me permito hacer un breve análisis de un caso judicial excepcional, en el cual tuve el privilegio de participar activamente como abogado defensor, ocurrido en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, que involucró a indígenas de la etnia wayuu, y de cómo apoyados en novedosas normas constitucionales, creamos y construimos un documento, autorizados por el pütchipuü que es la autoridad indígena que interviene en la regulación social y política en la sociedad wayuu, que luego del cumplimiento de ciertas formalidades basadas en los usos y costumbres propios de la ley oral guajira, hicimos valer ante un tribunal de la jurisdicción penal ordinaria en una reclamación de contenido civil, para demostrar que la persona que representábamos, una anciana indígena, era quien tenía dentro de la organización familiar, el derecho a exigir la indemnización por la muerte violenta en un accidente de tránsito de un miembro del clan.

Esta circunstancia, planteó un importante reto para los operadores de justicia venezolanos, por cuanto no existía, ni existe en la actualidad, una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena con el sistema de justicia nacional, y que sirvió de fundamento para la obtención de una sentencia sin precedentes, que vale como criterio jurídico orientador en la tan necesaria e inaplazable coordinación y armonización entre “derechos”.

La decisión antes mencionada, a pesar del tiempo transcurrido desde su emisión mantiene su total pertinencia judicial y, marcó un indiscutible e ilustrativo hito histórico para aplicarlo en los demás sistemas de justicia del mundo en donde existan poblaciones indígenas.      

Los pueblos indígenas siempre han tenido sus propias formas de gobierno u organización social, política, económica y por ende, sus propias autoridades, llamadas autoridades tradicionales, que funcionan bajo normas no escritas, pero que con el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Es lo que se denomina “Derecho Consuetudinario”.

La dinámica social y la interacción entre culturas reportan constantemente conflictos que requieren una solución, y es allí cuando surge imprescindible la necesidad de que los órganos de administración de justicia, jueces, fiscales, defensores, abogados, autoridades indígenas y la ciudadanía en general, busquemos soluciones y aportemos novedosas respuestas a estas colisiones jurídicas interculturales. 

La muerte de un indígena de la etnia wayuu en el año 2000, como consecuencia de un violento arrollamiento, provocado por un vehículo propiedad de una empresa del estado venezolano y conducido por un trabajador de la misma, dio origen a una acción civil en sede penal para la obtención de una indemnización por aplicación de un procedimiento previsto en el código procedimental penal; y dentro de los requisitos exigidos para la procedencia de la misma, se encontraba la indispensable comprobación de que quien demandaba, tenía el derecho a reclamar legalmente la reparación o indemnización en razón del parentesco que lo unía con la víctima.

El obstáculo es, que la población indígena en su mayoría se rige por normas verbales, así como, por costumbres y tradiciones diametralmente opuestas a la población no indígena, reñidas con las formas y procederes legales ordinarios. Por tanto, muchos de ellos carecían y carecen de documentos o partidas del Estado Civil registradas ante las oficinas de registro especializadas, para demostrar el parentesco o vínculo familiar, e incluso están desprovistos hasta del principal documento de identificación personal, que según la legislación venezolana, es la cédula de identidad.  

En el caso que nos ocupa, la única persona que de acuerdo con las normas, valores y creencias existentes, aceptadas en su clan o comunidad, tenía el derecho a reclamar o demandar ante la jurisdicción estatal era una anciana indígena, tía del fallecido.

Su sistema de parentesco matriarcal es la base fundamental de la organización social donde “la carne y la sangre” determinados por los parientes uterinos, constituyen su principal grupo familiar. En la comunidad la mujer desempeña un rol más importante que el del hombre, y la importancia de esta se obtiene, porque posee la capacidad de brindar a la comunidad la descendencia y los herederos, los cuales cuando nacen viven con su madre, como también llevan su apellido en vez del de su padre.

Así las cosas, en la cultura wayuu el palabrero o putchipuü, es el elemento central en la administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través de la mediación y negociación los conflictos entre los diferentes clanes,​ e incluso con personas u organizaciones no pertenecientes a su pueblo. Su prestigio y poder lo obtiene con la resolución de conflictos.

Considerando que a las autoridades indígenas se les había otorgado rango y reconocimiento constitucional en Venezuela en el año 1999, se nos ocurrió la idea de elaborar un documento en el que la mencionada anciana indígena, colocó sus huellas digito-pulgares, ya que no sabía leer ni escribir en español, en presencia de la autoridad aborigen, el putchipuü, quien luego de interrogarla exhaustivamente e indagar sobre sus ancestros, parientes y familiares, dio fe de la relación familiar entre ella y el fallecido indígena, el cual, presentamos ante el tribunal para demostrar que ella era quien efectivamente tenía derecho a reclamar legalmente la reparación o la indemnización.

Finalmente, y luego de algunas incidencias procesales y de la negativa del tribunal receptor de admitir la demanda, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante decisión número 267, de fecha 27 de junio de 2003, nos dio la razón y reconoció el valor probatorio del citado documento avalado por la autoridad aborigen, por lo que, logramos que se admitiera la reclamación. Esto condujo, luego de un proceso judicial de largo aliento a que condenaran a la empresa del estado por la muerte del indígena.

Así como la sociedad implica cambios constantes, el derecho también. Es indispensable abandonar las corrientes, ideas y concepciones desgastadas e inútiles que no resuelven con justicia los problemas de la misma. El juez no debe ser solo un aplicador del derecho, debe llenarlo de contenido en una tarea forzosamente creadora y no predeterminada por la ley. Debe entender que como garante del ordenamiento jurídico, tiene el poder de apreciación de las normas y entenderlas en su verdadera dimensión evolutiva, sin dudas, sin miedos, sin discriminaciones; y además, debe ejercitar el derecho debidamente para hacerlo activo, positivo y vivo.

La solución ante un caso inédito no debe ser nunca esperar una nueva formulación legislativa, sino comenzar a transitar por el camino de la innovación y generar un derecho que asegure una coexistencia en el que se equilibren la libertad, el orden y globalmente, la paz, la justicia y la seguridad. Por tanto, la ciudadanía o cualquier autoridad, y en especial los integrantes del sistema de justicia estatal, jamás deben desechar la expresión de la voluntad de los indígenas.

Es más, su participación debe ser especialmente considerada en cualquier evento, puesto que constituyen uno de los grupos sociales más expuestos a la violación de sus derechos humanos; y principalmente, porque la protección de las minorías étnicas no son responsabilidad solo de esas comunidades sino de todos las naciones, en virtud de la solidaridad y protección de sus intereses.

Esta decisión producida por el tribunal colegiado en cuestión marcó un precedente en la justicia venezolana, que no solo rescató a nuestros indígenas, y sobre todo a sus autoridades de la ignominia histórica a la que habían sido sometidos, sino que mantuvo esa visión de un estado justo, del justiciable como elemento protagónico de la democracia, y además, dio cumplimiento al deber ineludible de los operarios judiciales de conservar el proceso, así como las decisiones, dentro del marco de los valores y principios constitucionales.

 

Abogado|@luisriosescribe|luisriosescribe.wordpress.com

 

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