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El título del presente artículo implica la acción dirigida a una persona más no así a un grupo, sin embargo las implicaciones con toda seguridad tratarán de venderse como una acción colectiva en contra del país, por eso parece importante tener claro el mecanismo que desencadena tal cosa.

Pocas horas atrás se anuncian nuevas sanciones en materia económica por parte de los EE.UU. de América, esta vez cuyo destinatario es no una persona natural sino un organismo público como lo es el Banco Central de Venezuela; pero ¿Cuál es el origen de tal cosa? ¿Qué implica?

Para comenzar es pertinente mencionar que según el artículo 318 de la CRBV el Banco Central de Venezuela (BCV) “las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”; destaca aquí el término exclusividad que trae consigo una responsabilidad bastante considerable la cual es compartida con su objetivo fundamental, por eso el descalabro del sistema de precios que se experimenta en la actualidad (si así lo considera) tiene buena parte de responsabilidad en este organismo, dado que la emisión de papel moneda y su relación con los índices de inflación, también es exclusivamente del BCV.

El mismo artículo 318 de la CRBV también establece que “es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia” Destaca aquí tanto por su alcance como por su responsabilidad el término “autonomía” característica entonces necesaria para su funcionamiento y que por lo tanto de no poseerla su razón de ser parecería poco necesaria. De igual manera más adelante se establece “tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley” así que lógicamente sin autonomía no podrá cumplir con sus funciones.

Con preocupación hemos visto cómo se han realizado reformas, por ejemplo lo ocurrido el año 2002 con las reformas parciales varios artículos (ley que regula el funcionamiento del BCV), especialmente el 71 obligando a entregar las utilidades a la Tesorería Nacional y por lo tanto creando una especie de caldo de cultivo para el manejo discrecional de recursos; posteriormente se vio con mucha más preocupación el caso del llamado millardito dado que el artículo 320 de la CRBV establece “en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias” dado que los recursos otorgados tenía como finalidad el financiamiento de políticas agrícolas cuyo sector para entonces se encontraba deficitario.

Finalmente la modificación al artículo 113 de la ley que regula el funcionamiento del BCV, gracias a la cual ahora se le permitía a la estatal PDVSA la administración de las divisas recibidas por sus operaciones, las que hasta el momento debían ser vendidas al BCV garantizando así el resguardo y adecuado manejo de las mismas.

Ahora bien, sepa que más allá de cualquier accionar que usted o cualquier persona pueda considerar una injerencia, la misma ya se viene dando desde hace más de 16 años y por lo tanto difícilmente pueda causar mayores perjuicios a los que sistemáticamente viene experimentando la población venezolana.

 

Aníbal Araque|@econ_araque|Economista|Perito|Asesor

[email protected]

 

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