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A por lo menos 8 figuras públicas, entre diputados, alcaldes, gobernadores  y periodistas, les han anulado el pasaporte como un mecanismo de retaliación política.

Los incidentes en el aeropuerto de Maiquetía se han multiplicado y confirman un patrón de discriminación y restricción migratoria condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Lo que parece un incidente de aeropuerto se ha convertido en una práctica de discriminación y represión política. A por lo menos ocho figuras públicas le han confiscado sus pasaportes, la mitad de ellas son diputados. El caso más reciente, de la semana pasada, es el del alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Volvía de noche de un viaje por Perú y Chile en el que fue a exponer los casos de violación de los derechos humanos en Venezuela y en la taquilla de migración de Maiquetía le anularon y quitaron su documento. Ese mismo fin de semana le ocurrió lo mismo al diputado Américo De Grazia.

Bajo el argumento del supuesto reporte de hurto del cuadernillo o algún error en el sistema quedan sin documento para salir del país. Desde principios de año la práctica se ha repetido con políticos, periodistas y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y en algunos casos se ha extendido a sus familias. Todos se enteran llegando o intentando salir por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

El presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, fue el primero al  que le violaron su derecho al libre tránsito. Tiene doble inmunidad, por ser parlamentario nacional y también pertenecer al foro panamericano, pero el 27 de enero le anularon su pasaporte cuando regresaba por Maiquetía porque él supuestamente reportó su hurto. Dos días antes había salido a Chile por el mismo terminal aéreo a una cita con congresistas de ese país. Como cualquier venezolano, Florido intentó solicitar la cita a través de la web para obtener un nuevo documento y no pudo. Acudió al Saime y habló con el director de Migración, Julio Velazco, quien le dijo que se trataba de una equivocación, que en dos semanas recibiría su pasaporte. Hasta la fecha, el documento de Florido está en la cola junto con el de miles de venezolanos.

“Somos los únicos diputados de América Latina que no tienen pasaporte diplomático. Ojo, solo los diputados opositores venezolanos, porque todos los del PSUV tienen y me consta. Esta una prerrogativa de todos los diputados latinoamericanos que la otorga la Cancillería, a la que acudí luego del incidente. Allí me atendió el director de Seguridad, ni siquiera la canciller, y me dijo que no tenían material. Puras excusas, como siempre. El apartheid que ha creado el gobierno es muy grave”, señala el diputado, que también introdujo una demanda en la Fiscalía de la que no ha obtenido respuesta. Ha logrado salir del país en carro, por la frontera con Colombia, con su cédula.

Al de Florido siguieron los casos de los diputados Eudoro González y Williams Dávila. Tuvieron el mismo problema al arribar al aeropuerto Maiquetía. Dávila tuvo un pasaporte diplomático en el 2011, cuando en aquel en entonces el Parlamento tenía mayoría oficialista, sin embargo este tan solo le duró un año. Su pasaporte regular fue denunciado como robado y aunque él mismo enseñaba su documentación en mano, los funcionarios no le permitieron salir del país. A los pocos días realizó todos los trámites para obtener un nuevo documento. Pagó la modalidad exprés, que establece que el pasaporte lo entregan en tres días. Le avisaron que efectivamente estaba listo, pero cuando llegó a la oficina del Saime en Mérida, donde lo tramitó, le dijeron que no estaba ahí. Cuando iba a regresar a Caracas, en el aeropuerto  de Mérida le dijeron que no le podían vender pasajes nacionales.

Esta forma de retaliación contra opositores se ha extendido a periodistas que  también han sido víctimas de la retención arbitraria de sus pasaportes. “Hay que hablar claro y decir que el “error del sistema” que supuestamente aparece en las pantallas de migración, es un error selectivo. Un error hacia la gente de la oposición. ¿A quién del régimen le han quitado el pasaporte? Yo todavía no conozco a ninguno”, dijo la comunicadora social Nitu Perez Osuna, quien junto a su esposo, Vladimir Petit, a quien también les anularon el pasaporte y los enviaron a una pequeña cabina en el área de migración, dónde les dijeron que había un error en el sistema.

“Salí 45 días antes y no había error en el sistema. De hecho, cada mes y medio estoy viajando por varios trabajos que tengo en el exterior. Lo otro sospechoso es que el mismo error le apareció a mi esposo y él emitió su pasaporte en una oficina distinta a la mía y en otro año y también viaja constantemente y esto nunca le había ocurrido”, agrega.

El 17 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que César Miguel Rondón debía estar preso por promover “una Ruanda de persecución, de matanza y odio”. Ese mismo día que el locutor intentó viajar con su familia, le retuvieron y anularon los pasaportes a todos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la restricción y discriminación migratoria. En la región hay solo dos países con precedentes en estos casos: Cuba y Suriname, donde sus ciudadanos no tienen libertad de tránsito, no le suministran pasaportes y para salir del país deben superar numerosas restricciones.

El abogado especialista en derechos humanos, Bernardo Pulido, apunta que lo ocurrido con los políticos y periodistas venezolanos es una violación de identificación, libre circulación y del derecho a la ciudadanía. “Cualquier restricción a los derechos humanos tiene que ser justificada, ejecutada de manera legal y no por un proceso arbitrario. En todas las anulaciones de los pasaportes el proceso no ha sido sustanciado. Además, si están denunciados como robados esa denuncia la hace el mismo titular del pasaporte y todos sostienen que no han realizado dicho proceso. Entonces, no hay ninguna lógica en este mecanismo que están utilizando”, comentó.

El artículo 40 de la Ley Orgánica de Identificación indica que todo “funcionario o funcionaria público con competencia en materia de identificación, de sus órganos y servicios desconcentrados o sus entes descentralizados, que retenga ilegalmente la cédula de identidad, pasaporte o documento de viaje de quien lo exhiba con fines de identificarse, incurrirá en la responsabilidad civil, penal, disciplinaria y administrativa a que hubiere lugar”.

La organización Transparencia Venezuela ha recibido en menos de un año 140 denuncias de venezolanos dentro y fuera del país por irregularidades en los pasaportes venezolanos. Su directora ejecutiva, Mercedes De Freitas, subraya que la anulación de identidad de las figuras públicas es una maniobra del Estado para impedir pronunciamientos y reuniones que atenten contra su imagen.

“La identidad es tan respetada en el mundo que la ONU tiene políticas para casos excepcionales como el de los refugiados. Les brinda todos los requisitos y pasaporte a esas personas sin identidad necesarios para vivir en un país determinado”, agrega el abogado Jesús Loreto, que lleva el caso de Capriles Radonski.

Atrapados afuera y adentro. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial 40.909 del 26 de mayo del 2016, estableció que todo venezolano que desee salir o entrar al país debe hacerlo exclusivamente con su pasaporte venezolano vigente y dejó sin efecto la documentación de otro país para este trámite.

De Freitas explica que esta medida, sumado a que en los consulados y embajadas en el exterior tienen un retraso en promedio entre 7 y 8 meses para la entrega del pasaporte debido a que según el Saime no hay material, ha ocasionado que muchos venezolanos estén en situaciones migratorias irregulares, ya que no pueden renovar permisos y visas de estadía. Además, la modalidad “exprés” solo está disponible para los residenciados en Venezuela.

Efraín Hernández es gerente de una compañía de transporte marítimo en Chile desde hace un año y medio y tuvo que regresar al país para poder renovar su documento. Pasó más de seis horas en cola en el Saime, del centro de Caracas, sin garantía de solución. “Solamente puedo estar en Chile porque tengo la residencia, pero mi trabajo me exige viajar muchísimo y eso solo puedo hacerlo con el pasaporte venezolano. En la embajada venezolana en Chile me dijeron que eso podría tardar hasta tres años, que ni siquiera intentara hacer el trámite allá. Me regresé a Venezuela a hacer todo lo posible para obtener mi pasaporte, ya que no puedo perder esa oportunidad de trabajo. Tengo un hijo recién nacido y soy viudo. En términos económicos jamás podría ocuparme de mi hijo acá en Venezuela”, dijo

Sandra Acosta compartía con unas 40 personas la misma cola en la oficina central del Saime. Hace siete meses encontró un trabajo en Costa Rica, pero no ha logrado conseguir la residencia. Sus jefes le dijeron que si no “resolvía rápido” su pasaporte debía renunciar. “Mi papá está muy enfermo y el dinero que ganaba allá, se lo enviaba en gran parte a él. Acá me cuesta mucho poder costear su enfermedad y él no tiene los recursos. Estoy preocupada porque la funcionaria del Saime me dijo que tienen más de 20.000 pasaportes pendientes en el exterior”.

Según De Freitas hay otros casos en que ni siquiera tienen la posibilidad de regresar a Venezuela y deben permanecer ilegales en otros países. “Tenemos el de un misionero en Cambodia, allá no hay consulado, tiene que tramitar los papeles en Vietnam. Tiene más de un año extendiendo su visa, pero el país le está colocando restricciones y si no logra resolver sus problemas del pasaporte se tiene que ir. Pero él no cuenta con el dinero para pagarse un pasaje de regreso a Venezuela. Lo mismo ocurre con una estudiante en Irlanda, donde tampoco hay embajada y tiene que solicitar la renovación de su pasaporte en Londres”, narró.

Los niños no son ajenos a este problema. Todos los que han salido del país sin cedula, porque son muy pequeños, al momento de querer renovar su pasaporte les exigen este documento y esta solo la pueden obtener en Venezuela. La mayoría tienen la residencia, pero no la nacionalidad para obtener un documento de viaje por lo que están atrapados en el país que viven.

Transparencia ha ejercido un total de 20 acciones ante distintos órganos del Estado para pedir que se resuelva la problemática de pasaportes, entre esos órganos destacan el Saime, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Asamblea Nacional. Asimismo, se dio a conocer la situación en el Parlamento del Mercosur. Las gestiones aún no dan resultado. “Hemos hablado con autoridades de otros países para que flexibilicen sus requisitos, entendiendo que la irregularidad proviene del gobierno y no es culpa de los venezolanos. Sé que en países como Argentina están evaluando caso por caso para determinar futuras acciones”.

“Sencillito”
El director de Migración del Saime, Julio Velazco considera que las denuncias hechas por políticos y periodistas son parte de la “campaña desestabilizadora” de la oposición. El Nacional solicitó una entrevista con el funcionario. A pesar de que no quiso  sostener un encuentro formal, respondió algunas preguntas.  “Es todo una estrategia política. Quieren dejar mal a la institución. Pero desmentimos lo que dicen, ellos mismos han anulado sus pasaportes”. Con ironía agregó: “¿Para qué ellos quieren salir del país? ¿No es que están defendiendo la patria? Pues que se queden entonces”. Velazco aseguró que el problema de los pasaportes en el exterior se debe a la falta de material. Prometió que a partir de este mes se atenderá cada caso y se regularizará el proceso, aunque en febrero había dicho que en marzo se solventaría la crisis con la entrega de los documentos. En su opinión los afectados por la anulación tiene una opción: “sencillito” pueden solicitar una cita y su pasaporte será entregado. “Ya basta de las mentiras de esos diputados, si quieren su pasaporte, que vengan y lo busquen”, agregó.

 

El Nacional

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