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El martes, cuando se realizó el antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, nadie trabajó en el Ministerio Público. Mientras VTV transmitía el acto en el TSJ, decenas de pantallas dentro de la sede en Parque Carabobo mostraban a la fiscal explicando los argumentos con los que enfrenta el proceso iniciado por el diputado Pedro Carreño y que de forma exprés acogió el máximo tribunal.

La nómina entera se congregó. Desde hace tres meses, cuando la línea de actuación de la fiscal cambió, la de su equipo también. Han hecho manifestaciones en su defensa y por sus puestos de trabajo. “Si a la jefa la sacan, habrá una botazón descomunal”, dice un empleado

Es martes 4 de julio en la mañana. El movimiento de personas que llega a la entrada de la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, es el triple de lo habitual. Hay un barullo que inunda la planta baja donde usualmente esperan quienes llegan a presentar una denuncia o a procesar un trámite. Pero hoy no hay público, todos los que se mueven de aquí para allá son trabajadores del MP, que más que nunca portan sus carnet al frente.

Las pantallas por las cuales regularmente transmiten micros institucionales sintonizan un canal de televisión interno por el que esperan ver el pronunciamiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está en su oficina en el mismo edificio y no en camino al Tribunal Supremo de Justicia, donde fue citada esa mañana por el inicio de un proceso de antejuicio de mérito en su contra.

Los funcionarios de seguridad coordinan meticulosamente el acceso de cada una de las personas ajenas al personal que quieren entrar al edificio: ¿A dónde se dirige? ¿Qué viene a hacer? ¿A quién está solicitando? Aunque el despacho sigue en funciones, hoy los trámites van a media marcha porque la mayoría de los cubículos están vacíos y el personal tiene la mirada pegada a las pantallas encendidas por todas las áreas comunes del edificio. “Ya viene bajando”, se escucha el anuncio como un eco que recorre la planta baja y los pisos superiores que siguen abarrotados de gente en los pasillos.

“Si a la jefa la sacan, lo que va a haber es una botazón descomunal. Hay que estar claros”, dice una voz líder desde el comedor lleno de gente aunque todavía no sea la hora del almuerzo.

Y de repente el barullo se hace silencio. Junto al paso marcado de una mujer vestida con blusa blanca, pantalones y chaqueta negra comienzan a sonar los aplausos. ¡Bravo, valiente, valiente! Es Luisa Ortega Díaz, la jefa, la fiscal general, quien sonríe y agradece el recibimiento.

Lleva una carpeta en la mano y va escoltada por un mínimo personal de protocolo. Se mueve cómoda hacia el encuentro con la prensa que la espera en un auditorio colmado de cámaras y periodistas pero también de fiscales, directores de despacho y personal del ministerio.

Aunque los papeles se mueven ligeros cuando saluda lo que la Fiscal lleva en la mano son pruebas que demuestran los vicios del proceso que está enfrentando.

Resteados con LOD

Durante los días previos al anuncio del antejuicio de mérito, la sede de la Fiscalía en Parque Carabobo ha sido un sitio muy concurrido. Las recepcionistas lo califican como “un poquito más de lo habitual”, considerando que en medio de las manifestaciones de calle que comenzaron en abril, el Ministerio Público ha tenido que iniciar investigaciones por el asesinato de 90 personas y 4.658 procesados por muertes, lesiones y daños a la propiedad, solo en el contexto de las protestas, sin contar el saldo de hechos y delitos que forman parte de la violenta cotidianidad venezolana.

En la fachada aparentemente nada ha cambiado. La bandera azul con la imagen del Ministerio Público y la de Venezuela ondean desde la terraza del primer piso. La única diferencia es que el espacio luce más amplio sin la presencia de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional Bolivariana, que formaban parte de la custodia regular del edificio, que había aumentado desde febrero de 2014 por  los hechos de violencia que desembocaron precisamente a las puertas de la Fiscalía, por los que ese mismo despacho enjuició a Leopoldo López.

Internamente, en las paredes y pasillos de la sede lo único que decora es la institucionalidad, que alguna vez estuvo puesta en duda por la presencia de retratos del presidente Hugo Chávez. El logo MP y los pendones de fondo con las direcciones de las redes sociales de la Fiscalía son las únicas referencias gráficas que respaldan los escenarios por donde se mueve Luisa Ortega Díaz.

Los trabajadores usan las camisas del uniforme distintivas con el logo y los empleados que visten de manera más formal, muestran el carnet y la cinta con la identificación antes de siquiera asomarse a la puerta. “No es que haya mayores medidas de seguridad es que hay que estar más atentos a quién entra y quién sale.

Aquí no van a venir a quemar y a romper cosas”, comenta un trabajador de mantenimiento, como ha ocurrido en varias ocasiones en la sede del Poder Legislativo, que esta misma semana fue víctima de un nuevo asalto. El plural que utiliza es común a la mayoría del personal, que lo ha acentuado más durante las últimas semanas en las que han tenido —queriendo o no— que tomar posición frontal en la defensa de quien dirige la institución desde hace diez años.

Ese respaldo puertas adentro se fue haciendo más público y notorio a medida que la actuación de la fiscal se perfilaba en primera línea, desde que el 31 de marzo rompió de frente con la línea pro gobierno que mantuvo por años, con la que había echado por tierra el principio de la separación de poderes que soporta el Estado de Derecho. Ese día, sin mayores eufemismos, dijo que con las sentencias 156 y 157 del TSJ se había roto el hilo constitucional del país.

Pero el 19 de junio el apoyo de los trabajadores se hizo puertas afuera. Esa mañana simpatizantes del gobierno montaron una tarima frente a la sede de Parque Carabobo y a través de un parlante gritaban insultos a la Fiscal y a los trabajadores, por lo que el personal de las distintas sedes del MP en el país, vestidos de azul con globos y pancartas, respondieron con una concentración en la que se mostraban “resteados con LOD” e invocaban el artículo 333.

Precisa y firme, Ortega Díaz salió a las inmediaciones y asumió el liderazgo de un acto convocado por trabajadores: “No caigan en provocaciones. Vamos a demostrar lo honorables que somos en el Ministerio Público. Están buscando que nosotros nos alteremos para decir que somos los provocadores. Eso no va a pasar. Derrochando madurez”.

Contrapunteo

Al entrar a la sala donde esperaba la prensa, el auditorio la recibió de pie. Luisa Ortega Díaz tomó posición en el palco frente al micrófono desde donde dio sus declaraciones, sin derecho a preguntas, pero sí con la participación activa de los asistentes.

La única lectura de su discurso fueron los extractos textuales de la solicitud de antejuicio de mérito que presentó el diputado Pedro Carreño ante el TSJ. Habituada a leer en sus declaraciones, cada explicación del proceso que hizo en jerga legal la terminaba con un comentario mordaz e irónico hacia quienes exponían –casi en paralelo a su pronunciamiento- las razones que dieron inicio a la audiencia que ocurría unas cuadras más arriba en la Sala Plena del TSJ.

El diputado Pedro Carreño protagonizó la primera tanda. La fiscal leyó punto por punto los extractos del “majestuoso escrito” presentado por “el ilustre diputado”, a quien también llamó en varias oportunidades “pitoniso” y “mago”. Las risas y vítores de quienes estaban dentro de la sala encontraban un eco en delay fuera de ella porque el resto de los trabajadores seguía las declaraciones por televisión y reaccionaban a los comentarios segundos después, dependiendo de una mínima diferencia de velocidad de transmisión, aunque la fiscal estaba en directo.

“Esto es un hecho cantado y les voy a decir por qué”, dijo Ortega Díaz y acto seguido contó que la solicitud de antejuicio llegó al TSJ el viernes 16 de junio a las 4:15 de la tarde y que fue presentada directamente ante el presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, aunque lo regular es que los escritos se presenten ante la secretaría. “Pero el diputado hace referencia al extracto de una sentencia que fue publicada el 28 de junio, es decir doce días después. Parece que el diputado además de saber cuándo y cómo nos espían también tiene dotes de pitoniso. Habrá que hacerle una consulta para saber qué es lo que va a pasar en el país”.

Agregó que le llamó poderosamente la atención que el diputado Carreño tenga copia de los expedientes del caso a los que ella no pudo acceder de inmediato, aunque en el libro de actas no hay ninguna constancia de que el diputado haya solicitado copias certificadas: “¿Y entonces cómo las obtuvo?”, cuestionó. Desde el auditorio uno de los asistentes le completó la frase “¡Es que también es mago!”.

Luisa Ortega asintió con la cabeza y cuando cesaron las risas y los aplausos, solo soltó: “Sí, parece que el diputado también es mago”. Entre una pausa y otra, la Fiscal se ajustaba los lentes y retomaba la lectura de los documentos que tenía organizados por orden cronológico en su mano. Y así enfiló hacia los que llamó “presuntos magistrados”. Dijo que estaba sorprendida por la celeridad que el tribunal tuvo ante su caso: “Ojalá la Sala Electoral hubiese actuado con la misma rapidez por el caso de los tres diputados de Amazonas que desde enero están en un limbo sin decisión. Si hubiese sido así hoy la situación sería otra”.

Mientras Ortega Díaz hablaba desde la sede de Parque Carabobo, al final de la avenida Baralt, en el TSJ, la audiencia para su antejuicio comenzaba sin ella. Un acto al que le dio cobertura el canal del Estado VTV y que ha sido retransmitido en cadena nacional varias veces durante el Noticiero de la Patria. Los aludidos debieron estar sintonizados con su defensa televisada, al igual que lo hicieron los trabajadores de la Fiscalía, porque hubo un contrapunteo de respuestas.

La fiscal fue al origen de los hechos: la ilegitimidad de los magistrados. Mostró ante las cámaras la convocatoria recibida el 10 de diciembre de 2015, para una reunión el 16 de diciembre, donde se debía hacer la preselección de los magistrados y que ella asegura que no ocurrió por lo que ni la fiscal, ni los otros integrantes del poder ciudadano pudieron firmar el acta de la reunión. La pausa inmediata fue de estupor.

La hoja en su mano bailaba tenue en el aire con los evidentes vacíos en las firmas. “¿Cómo se iba a hacer una reunión si los 381 expedientes llegaron el 14 de diciembre a la 1:10 de la tarde?”, y precisó que esa información llegó a la Asamblea Nacional, tres días más tarde el 17 de diciembre que además era día feriado.

En el TSJ Tarek William Saab sacó sus documentos, mostró el libro de actas remendando con teipe en la página de las firmas donde correspondía al acto, porque supuestamente alguien la intentó arrancar, y pidió someter a la fiscal al polígrafo. Y el contralor Manuel Galindo dijo que sí vio a Ortega Díaz en las reuniones y sugirió un careo entre los actores para aclarar el vicio en la designación de los magistrados.

En Parque Carabobo, la fiscal señaló otros argumentos. “Otro dato curioso es que en ninguna de las dos listas de postulados, tanto la que salió del Consejo Moral Republicano como la de la Asamblea (Nacional) aparece el nombre de Juan Carlos Valdés Gonzalez, no está en ninguna y sin embargo fue designado”, agregó.  Valdés González figura como suplente de la Sala Constitucional.

Títere sin cabeza

Luisa Ortega detalló paso a paso todo lo que no hizo y luego se detuvo a ratificar lo que sí dijo: “Se me acusa de atacar la majestuosidad de las decisiones del presidente (Nicolás Maduro) en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Y sí lo dije y lo sigo haciendo. El presidente no es el poder soberano, es solo el pueblo el que puede convocarlo”.

Su último filón lo lanzó más directo. “Me acusan de que tengo la intención de caotizar el país pero no soy yo la que tiene el país sumergido en un caos, sin alimentos, ni medicinas, con gente comiendo de la basura”. Señaló que el procedimiento “es una insólita mescolanza” y que no es el que corresponde en su caso como alta funcionaria para solicitar un antejuicio en su contra.

“Entonces a partir de esta sentencia cualquier ciudadano está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, sea este por drogas, por los narcosobrinos, o al presidente, por el caso de Odebrecht”, y con solo mencionar el término acuñado para conocer el caso de los sobrinos de la diputada y primera dama, Cilia Flores, detenidos y sentenciados en Estados Unidos por tráfico de droga, los asistentes rompieron en aplausos hacia la fiscal.

Antes de terminar recordó que probablemente a esas horas ya el proceso en su contra estaba definido, justo minutos después de que Katherine Harrington había sido juramentada como vicefiscal por el TSJ en sustitución de Rafael González, quien fue nombrado por Luisa Ortega y ratificado por la AN, un día antes. Ortega Díaz advirtió: “No voy a convalidar un circo que tiñe nuestra historia con vergüenza y dolor. La resolución está cantada. No lo reconozco, no me voy a someter a ese tribunal ilegítimo e inconstitucional. Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”.

Con ese desafío lanzado al aire, su equipo de fiscales y trabajadores que llenaban el auditorio la aplaudieron de pie y corearon “¡valiente, valiente!”, dándole el espaldarazo público que necesitaba.

Al salir del auditorio, Ortega Díaz se encontró de frente con una multitud, su equipo de trabajo, que la estuvo escuchando durante la hora que se dirigió a ellos y al país. Los saludó con la mano y en silencio. De pronto, investida con la solemnidad de una directora de orquesta hizo una mínima seña con la que todos entonaron la primera estrofa del Himno Nacional de Venezuela.

Y al terminar sonrió y abandonó la sala.

La jugada de Luisa Ortega

31/3 La fiscal general Luisa Ortega Díaz declara que las sentencias 155 y 156 del TSJ, dictadas el 28 y 29 de marzo, “rompen el hilo constitucional”.

2/4 Ortega Díaz acudió a Miraflores y le entregó al presidente Nicolás Maduro una copia del informe de la Comisión de la Verdad.

17/4 La fiscal designó a Rafael González Arias como vicefiscal.

3/5 Ortega Díaz condenó la violencia de los órganos de seguridad contra los manifestantes.
24/5 Ortega Díaz dio una rueda de prensa en la que afirmó, de acuerdo con la investigación realizada por su despacho, que Juan Pablo Pernalete había muerto producto del impacto de una bomba lacrimógena, lo que contradice la versión del ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol.

8/6 La fiscal presentó ante el TSJ dos recursos de nulidad a los decretos de Maduro de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y otro recurso más contra las decisiones del CNE. Fueron declarados inadmisibles.

13/6 Introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra 6 magistrados principales y 2 suplentes de la Sala Constitucional del TSJ por estar incurriendo el delito de conspiración contra la forma republicana. Fue declarada inadmisible.

15/6 La titular del Ministerio Público volvió a introducir otros tres decretos de nulidad contra la convocatoria a la ANC y las decisiones del CNE. Fueron declarados inadmisibles.

16/6 El diputado Pedro Carreño solicitó al TSJ un antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz “por comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”. El TSJ declaró con lugar la solicitud 4 días después y fijo el 4 de julio como día de la audiencia del antejuicio.

28/6 El TSJ anuló el nombramiento del vicefiscal Rafael González Arias, realizado por Luisa Ortega Díaz dos meses antes.

3/7 Acudió a la Asamblea Nacional para solicitar la ratificación del vicefiscal nombrado por ella y señaló que la AN era un poder legítimo. Por unanimidad los diputados aprobaron la designación de González Arias.

4/7 El mismo día del antejuicio contra la fiscal fue nombrada como vicefiscal Katherine Harrington, que al cierre de esta edición no había podido ejercer su cargo.

 

Gabriela Rojas|El Nacional

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