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Desde los días de la independencia hasta la actualidad, la vida en Venezuela sólo ha sido un valor secundario y hasta marginal. A lo largo de más de 200 años de historia republicana, la violencia aparece como la principal manifestación del desprecio que impera en nuestro país en torno a este valor. El Estado, y con él la clase política dirigente, son los principales violentos. Al igual que lo ocurrido en el pasado, hoy se sigue matando a quienes cuestionan el poder constituido en esta Tierra de Gracia.

Sin embargo, en el presente existen otras formas en las que se ha ido atentando contra la vida, mediante una violencia ejercida por el Estado de manera sutil. Por omisión de las instituciones gubernamentales, muchas mujeres venezolanas y sus hijos fallecen en el momento del parto, por no disponer de una adecuada atención médica: en el país mueren alrededor de 100 niños y 14 mujeres por cada 100 mil niños registrados, cifra que es cinco veces superior al mínimo planteado por la Organización Mundial de la Salud. También se registran entre 70 y 90 decesos por cada 100 mil habitantes como consecuencia de la inseguridad, donde el Estado es responsable por su fracaso en el diseño, ejecución y evaluación de los planes de control de la criminalidad. Sumemos a esto lo poco que el Estado hace para dar cumplimiento al ideal constitucional de asegurar la alimentación de los niños venezolanos, lo que ha incidido en que un número indeterminado de ellos sufren de desnutrición porque no tienen –los más pequeños- acceso a la leche maternizada, y los más avanzados en edad no disponen de una alimentación apropiada que les permita crecer sanos y permanecer en la escuela.

Estos son algunos de los problemas que atentan contra la vida en Venezuela. Sin embargo, la respuesta gubernamental a este drama es en algunos casos ineficiente y en otros inexistente. En lugar de sumar voluntades, de orientar el país hacia un cambio favorable, nuestros gobernantes desprecian la vida, incurriendo en faltas muy graves, no sólo por omisión, sino por medio de acciones criminales como el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los jóvenes que en los últimos meses reclaman por las transformaciones que ellos anhelan para Venezuela.

En contraposición, la sociedad venezolana en general se muestra indiferente ante la vulnerabilidad del derecho a la vida de todos sus miembros. Pareciera que la muerte de decenas de jóvenes en las protestas antigubernamentales, no suscitase en ella la estupefacción natural y la condena contundente de los responsables de esta situación.

La vida hay que defenderla en todas sus manifestaciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla su defensa y promoción; lamentablemente, en esta materia y en muchas otras, sus disposiciones se reducen a un anhelo nominalista, sin concreción alguna. En consecuencia, ninguna reforma a esta Constitución resolverá los problemas urgentes del país. Sólo un proyecto nacional en consenso, que priorice la educación y defina planes y metas para el mediano y largo plazo, sacará a Venezuela de la postración en la que se encuentra.

 

@ReyberParra1|Historiador|Profesor de la Universidad del Zulia

Militante de PUENTE

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