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Nicolás Maduro anunció en el desfile oficialista del Primero de Mayo su decisión de convocar a una asamblea nacional constituyente con base en los artículos 347,348 y 349 de la Constitución Nacional. “Convoco a una constituyente ciudadana, no a una constituyente de partidos ni de élites, una constituyente obrera, comunal, campesina, una constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a las misiones”. Esas palabras han provocado una importante polémica en numerosos juristas, especializados en derecho constitucional, quienes, en general, han considerado que esa convocatoria es violatoria del Estado de Derecho y la continuidad del golpe de Estado iniciado al dictar el Tribunal Supremo de Justicia las sentencias 156 y 157, desconociendo las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el total respaldo del presidente de la República.

Dos han sido los principales argumentos jurídicos utilizados para rechazar dicha convocatoria: 1.- El presidente de la República tiene la potestad de presentar la iniciativa de convocatoria de una asamblea nacional constituyente junto a las bases comiciales, pero no puede convocarla directamente. Al recibir esa iniciativa presidencial, el Consejo Nacional Electoral debe preguntarle al pueblo de Venezuela, “depositario del poder originario”, a través de un referendo consultivo, si está de acuerdo o no con esa convocatoria y con sus bases comiciales. 2.- Convocar una constituyente de manera unilateral, a través de un formato corporativo, es una violación flagrante del artículo 63 constitucional que dice: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. Es decir, que cada persona debe emitir un voto, tan igual al de las demás. Si se pretende que unos sectores tengan más representación que otros, utilizando argucias comiciales, para lograr que una minoría se convierta en mayoría, estaremos en presencia de un nuevo golpe de Estado.

Nicolás Maduro está decidido a preservar el poder a toda costa. Está convencido de que si logra imponer la convocatoria de la asamblea nacional constituyente en las condiciones planteadas, sin que el pueblo pueda opinar libremente, podría obtener una clara mayoría en dicha asamblea constituyente que le permitiría eliminar totalmente nuestro actual sistema político y crear uno totalmente conveniente a sus ambiciones de poder. No piensen que su objetivo es superar la crisis nacional y restablecer la paz. Recuerden el proyecto de reforma constitucional de Hugo Chávez. Allí se planteaban de manera fundamental los siguientes aspectos: reemplazar el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia por un Estado totalitario marxista, constituir la comuna como base de la sociedad, modificar el concepto de propiedad, transformar el actual sistema de producción en uno intermedio que permita distintas formas de empresas, transformar a la Fuerza Armada de una organización profesional en un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperalista, y permitir la reelección indefinida, entre otros aspectos. Definitivamente, Nicolás Maduro lo que busca no es incluir en la Constitución Nacional las misiones o fortalecer la justicia. Los venezolanos no se pueden dejar engañar. Su objetivo es establecer un sistema político a imagen y semejanza del cubano.

Hay un aspecto que me ha llamado particularmente la atención. No logro explicarme las razones que tuvo el general Vladimir Padrino López para declarar “que el proceso de la Asamblea Nacional, convocado por el presidente Nicolás Maduro, será acompañado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregando en otra declaración que “la constituyente convocada por Nicolás Maduro es un gesto totalmente democrático que abre espacios para un gran diálogo nacional”. Igualmente, Nicolás Maduro agradeció el respaldo que la Fuerza Armada Nacional le había dado en relación con su convocatoria a una asamblea nacional constituyente. En consecuencia, el ministro de la Defensa, sin ninguna justificación, profundiza la parcialidad política y el desprestigio institucional de la Fuerza Armada Nacional ante la opinión pública nacional e internacional. Esa reprochable conducta compromete la necesaria estabilidad e imparcialidad institucional, la cual seguramente se agravará en los próximos días, al incrementarse la polémica sobre la convocatoria de la constituyente.

Los miembros de la Fuerza Armada Nacional deben comprender que la tragedia que sufre nuestro país, no la va a resolver la descabellada convocatoria a una asamblea nacional constituyente y mucho menos, en la forma aviesa como Maduro la propone. Es necesario reflexionar sobre esta verdad. Al contrario, el abuso que significará imponer fuera del marco constitucional esa convocatoria, incrementará el clima de violencia hasta niveles que no permitirán posibilidad alguna de encontrar solución a la actual crisis nacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado que no es capaz, ni quiere, liderar un proceso que permita superar los terribles males que todos los días tienen que enfrentar los venezolanos. La Guardia Nacional está en la obligación de contribuir al mantenimiento del orden interno, pero no de reprimir salvajemente y con saña, como lo está haciendo, a su propio pueblo y mucho menos, proteger a bandas armadas, mientras cometen toda clase de delitos en contra de las personas y sus propiedades. El ministro de la Defensa y Alto Mando Militar tienen la ineludible responsabilidad de intervenir para ponerle fin a esta situación. A estas alturas, muchos mandos tendrán que enfrentar acusaciones penales de manera inevitable. Una vez más, hay que señalar que la Fuerza Armada Nacional no está al servicio de un gobierno o persona en particular sino de toda la nación. Reflexionen, apelen a sus conciencias y contribuyan a encontrar alguna solución a la tragedia nacional.

Las recientes declaraciones de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, relacionadas con la injustificada intervención de jueces militares, impidiendo la actuación de los fiscales del Ministerio Público, compromete aún más el papel institucional y la responsabilidad penal de los mandos, en diferentes niveles, de la Fuerza Armada Nacional. A eso se le agrega su declaración, difundida ampliamente, sobre las sentencias 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia. Más recientemente, el pasado 3 del presente mes, condenó los hechos de violencia perpetrados por funcionarios de los órganos de seguridad del Estado al declarar que: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”. Es decir, no es posible que el personal militar activo acepte reprimir criminalmente a nuestro pueblo solo por rechazar las tropelías que Nicolás Maduro, presidente de la República, ha venido realizando en contra de los principios fundamentales de la Constitución Nacional, la democracia y el Estado de Derecho. Estas declaraciones de la máxima representante del Ministerio Público evidencian el estado de ilegalidad y responsabilidad penal, en la que están incurriendo numerosos miembros de la organización militar, por lo cual tendrán que responder ante la Justicia. ¿Hasta cuándo general Padrino? No comprometa más el honor de nuestra institución.

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Publicado en El Nacional

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