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La democracia en Venezuela está proscrita por un gobierno irresponsable que se ha burlado de los principios constitucionales básicos y que sólo busca mantenerse en el poder aunque sepa que ha humillado a una ciudadanía que lo repudia ampliamente. El pueblo al que los golpistas del 92 ponderaban y exaltaban, es despreciado por quienes perdieron su apoyo y es sometido a los vejámenes de tener que reducir la ingesta alimentaria, comer de la basura, morir de hambre y falta de medicinas, morir en manos del hampa o vivir en la calamidad de servicios públicos que cada día funcionan menos. Todo esto en medio de un proceso de corrupción sumamente grave que por sus dimensiones se convierte en otra causa clara del desastre que vivimos.

Desde la perspectiva institucional, la proscripción de la democracia se evidencia en la ausencia de principios básicos como el respeto a la voluntad popular, la separación de poderes, la alternabilidad, la revocatoria del mandato, la convocatoria a elecciones y el pluralismo, entre otros. Esta falta de institucionalidad se profundizó desde el 6 de diciembre de 2015, cuando los electores dieron una victoria contundente a la unidad democrática en el proceso eleccionario de los diputados a la Asamblea Nacional. En ese momento el gobierno y su partido decidieron utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para impedir que el nuevo poder legislativo pudiera cumplir con sus funciones, así como posponer cualquier proceso electoral todo el tiempo que fuera posible. Quien piense que esa actuación es democrática desconoce la esencia de esta forma de vida.

Esta realidad venezolana ya ha sido reconocida por una comunidad internacional que durante varios lustros se hizo de la vista gorda ante el desprecio del chavismo-madurismo a la Constitución, a las instituciones y a la ciudadanía. La posibilidad de que sea aplicada la Carta Democrática Interamericana debe ser evaluada en su justa dimensión. Ni es la solución, ni es la panacea, pero ¡cómo ayuda! Que importante es que la Organización de Estados Americanos discuta nuestro caso y, a través de  su Consejo Permanente, disponga “…la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.” Esto es lo que establece el artículo 20 de la Carta que además prevé la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea General en caso de que las gestiones no den fruto.

La máxima sanción a la que podría ser sometido el estado venezolano–no el pueblo, que en este caso es víctima de su gobierno–es la decisión de la Asamblea General de suspender a ese estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, cuando considere que las gestiones para restituir el orden democrático hayan sido infructuosas. Esta decisión debe ser tomada por las dos terceras partes de los estados miembros de la organización, como lo establece el artículo 21 de la Carta. Mientras tanto, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

La Carta Democrática, en ninguno de sus artículos, establece la posibilidad de intervención de ningún estado miembro. Eso quiere decir que cuando funcionarios del gobierno y del PSUV hablan de esa posibilidad, simplemente están mintiendo. Y llamar apátridas y además pedir sanciones penales para quienes invoquemos la aplicación de ese instrumento en nuestro país, es desconocer nuestra realidad. Apátridas son quienes han llevado al país a esta situación, quienes han permitido la injerencia cubana en nuestras decisiones y quienes han sometido al pueblo a esta calamitosa realidad en medio de una bonanza de ingresos que fueron suficientes para lanzar al país hacia el progreso y el bienestar de sus ciudadanos. Apátridas son los que se han burlado de las decisiones del pueblo a través del sufragio y han violado todos los principios de la democracia y de la convivencia pacífica. ¡Ellos tienen que responder!

 

@JuanPGuanipa|[email protected]

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