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Venezuela está sufriendo los embates de la crisis más severa que la nación haya padecido durante toda su historia como república. Es una crisis política, económica, cultural, psicológica y también  social que ha empezado a romper y destruir el propio tejido social; lo cual se ha convertido en una dificultad catastrófica y considerablemente devastadora.

Es innegable que el Gobierno del Presidente Maduro no está en la disposición política, moral e intelectual de tomar el conjunto de medidas obligatorias para afrontar esta amenazante circunstancias; la cual indudablemente, ha sido originada por su incompetencia, su ceguera ideológica, el extravió y la confusión ideológica, la permisiva extensión de la corrupción a lo largo de su gobierno y la negación   de la realidad actual.

De acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la inflación venezolana tocará 2.000 % en 2017, además se contraerá la actividad económica en 4,5 puntos y el desempleo estará en un 20 %. Pero el panorama financiero también estará signado por un presupuesto de gasto anual desconocido y  la incertidumbre del  alza en los precios del petróleo.

Esta situación concretará lo que los analistas han denominado como un agravamiento mayor de la crisis económica y una insuficiencia fiscal para el mantenimiento del gobierno. El entorno así planteado podría ocasionar una consecuencia social que se traduciría  en mayores niveles de protesta, conflictividad  y malestar social.

Como resultado de esta situación, obviamente es  necesario que  los actores sociales, tales como los partidos políticos y la sociedad civil, tengan la responsabilidad  de proponer vías y opciones que tiendan a plantear las soluciones políticas y económico-sociales imprescindibles para llevar adelante una lucha sin cuartel  contra la crisis. Y, desde allí, conducir la sociedad y en especial la economía, por el camino del desarrollo y la prosperidad, ecuánime y eficiente construyendo una Venezuela productiva incorruptible post rentista.

Puesto que, el gobierno de turno quiere insistir y persistir  en la estrategia errada, encubierta bajo el  discernimiento de la vía socialista del siglo XXI, para el desarrollo, se impone estudiar y considerar  cuáles son las vías alternativas más adecuadas para producir, en un lapso razonable, un cambio en la conducción del estado que abra el espacio para un nuevo gobierno democrático y participativo. Por supuesto que estas vías han de ser constitucionales, pacíficas, democráticas y avalada y respaldada  con transparencia  por la libre y soberana voluntad del pueblo.

La oposición debe aprovechar estas circunstancias y canalizar el malestar social e irritación originada de la crisis económica convirtiendo esa energía potencial, de un descontento que registran las encuestas en 8 de cada 10 venezolanos, en una indiscutible  fuerza en movimiento que sea capaz de estimular un cambio político.

 

@OcandoM|Médico

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