22 de Octubre de 2015

SIGLIC GUTIÉRREZ|OLP: el nuevo rostro de la violencia

En la última encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)  hace un año sobre el crimen en Venezuela el 100% de los entrevistados afirmaba tener un conocido o un familiar que había sido víctima de violencia extrema, es decir, asalto a mano armada y golpes incluyendo muerte de la víctima. En ese mismo estudio se afirma que Venezuela es el segundo país con más homicidios en el Mundo, si señores leyeron bien: ¡EN EL MUNDO! Con la terrorífica cifra 24.980 fallecidos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes

Este espiral sangriento se asienta con mayor poder en la población de más bajos recursos, sin contemplación alguna manchando las casas y la vida de las persona sin distinción de afiliación política. Esto ha sido uno de los dolores de cabeza más penetrante de los últimos años del gobierno. 16 años de asesinatos sin resolver en el 90% de los casos, sin culpables ni detenidos, el gobierno de Chávez y ahora el de Maduro  han implementado 23 planes para detener el espiral de sangre en Venezuela y todos han fracasado; pero hoy, a escasos días de una elecciones para elegir los representantes de la Asamblea Nacional el gobierno asegura haber encontrado una fórmula mágica  para detener la criminalidad. Este plan número 24 para frenar la delincuencia lo ha llamado Organización para la Liberación del Pueblo (OLP)

¿Pero cómo funciona? De acuerdo a la escasa información suministrado por el mismo gobierno estos operativos lo conforman  en su primera etapa 2800 funcionarios de diferentes cuerpos policiales y de la armada con criterios que se desconocen para saber el tipo de estrategias utilizan para detectar los grupos delictivos.

No obstante, desde que se implementaron estas operaciones hace 3 meses se han practicado más de 13.000 allanamientos sin orden judicial, demolido 936 viviendas y “recuperado” más de 1.420 otorgadas inicialmente por el gobierno a familias damnificadas, Con las OLP también se han reportado 125 ejecuciones extrajudiciales según datos de Provea en toda Venezuela.

Pero aquí en el Zulia la OLP tiene características que a la larga surgen con un rostro de mayor represión que en otros estados, aquí se intenta no solo bajar el índice de criminalidad sino el contrabando, cerrando la frontera y aplicando la OLP en sitios estratégicos donde consideran que existe acaparamiento de productos de primera necesidad.

Los resultados han sido los más nefastos que cualquier comando policial pueda imaginarse o esperar. Como muestra de lo dicho tenemos lo acontecido el pasado 14 de septiembre en Santa Rosa de Agua al cual los medios de comunicación le han llamado “la matanza de Santa Rosa”. Esa madrugada   unos 410 funcionarios irrumpieron simultáneamente en tres sectores de Santa Rosa de Agua. Durante tres horas y media desataron el caos en la barriada de acuerdo a los testimonios recogidos por la prensa local, tumbaron puertas, allanaron casas y dispararon. La comisión estuvo a cargo de Carlos Luis Sánchez, director de la Policía regional. Lo apoyaron 250 uniformados de la Guardia Nacional y 80 del Eje de Homicidios de la Policía científica. “Desde temprano está en desarrollo una OLP en Santa Rosa de Agua del municipio Maracaibo, para regresar la paz y la tranquilidad al pueblo”, divulgó Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado, a través de su cuenta en Twitter @panchoarias2012 . Sin embargo, 6 horas más tarde el general Carlos Luis Sánchez informa a los medios que no se trataba de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP),

Como resultado del operativo 5 muertos. A todos se les vinculó a la banda de Los Chatarreros, sin embargo tres de ellos la comunidad asegura que eran inocentes, entre ellos un obrero del diario La Verdad, un ingeniero de PDVSA Jorge Luis Olivares Calixto (41), y su hermano Jonathan Luis Olivares Calixto (32) quien vivía al frente de su casa. Los vecinos presenciaron desde las ventanas de sus casas la acción policial en su contra que para ellos fue vil e injusto, ya que eran conocidos como personas sanas y trabajadoras.

La esposa de Jonathan Luis Olivares Calixto (32), Yamileth Núñez, relató las horas de terror que vivió esa madrugada, «Ellos llegaron haciendo tiros y violentando las rejas y las ventanas del cuarto principal que es la habitación de mi hija de cuatro años, que por ser tan pequeña dormía con nosotros en ese momento».

Según comentó Núñez, lo sacaron a la fuerza de la habitación que compartían juntos, «a las 4:00 de la mañana, al escuchar los tiros, Jonathan y yo abrazamos a la niña, pensando que eran malandros, nos rompieron toda la casa, nos apuntaban con armas largas, a mí me agarraron por el pelo junto a mi niña en brazos y a mi esposo lo sacaron y lo sentaron en el mueble de la sala. Además de la vida de mi esposo y la de mi cuñado, se llevaron también cosas materiales, cámaras, tabletas, teléfonos y prendas de oro de nuestra hija, ellos salieron fue a robar y a matar».

Núñez denunció que los funcionarios la sacaron de su casa a la fuerza y no le permitían llamar a los vecinos. «Nos gritaban que saliéramos y yo les decía que había una niña, preguntaba por mi esposo, quien habían dejado dentro de la casa y me decían no se preocupe que él está ahí sentado, yo llamaba a mis suegros que viven diagonal a mi casa y los tipos me decían muévete de aquí, de hecho  apuntaban a las ventanas de las casas con sus laser para que la gente no se asomará, golpeaban a las personas que quería a salir a trabajar  y les gritaban esto es toque de queda».

«Entre la desesperación yo llamé por teléfono a mi cuñado y le dije Jorge, ayúdanos por favor, él nos dijo que saliéramos, llama a vecinos, llama a policías, desconociendo que los que estaban aquí eran los mismos policías», señaló Núñez, entre lágrimas.

Tanto Yamileth Núñez, esposa de Jonathan Olivares,  como Nelia Ortega, madre de Osvaldo Moreno aseguran que los que asesinaron a sus familiares «eran oficiales vestidos con pantalón y suéter manga larga de color negro y que pertenecían al  equipo de Respuesta Inmediata (Equipo R), adscritos  al Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ)».

Otros testigos y víctimas de los policías informaron que Ingresaban a las viviendas, ofendieron a los presentes, apuntaron con sus armas a todos y se llevaron consigo objetos de valor, pañales y leche. “Dicen que iban por ‘choros’ pero lo que hacían era robar”, puntualizó un vecino que no se quiso identificar.

La comunidad al siguiente día  organizo una protesta por el vil asesinato de dos de sus hijos más apreciados por la comunidad, más de 500 personas tomaron las calles principales exigiendo justicia y castigo a los culpables fustigando el proceso policial. “Esos policía llegaron como locos abriendo las casas, rompiendo puertas y disparando”. Contaron que el sonar de las puertas de latas, los disparos y “el grito de familiares desesperados” los obligó a unos a salir de sus casas y a otros a refugiarse en debajo de sus camas.

El objetivo estaba claro por los acontecimientos reseñado por los medios, a los policías, si es que se les puede denominar así, se les dio carta blanca para saquear, todo lo que encontraran en posesión en los supuestos malandros serían suyos.

¿Pero por qué se equivocaron? ¿Cómo cometieron ese craso error  de confundir a tres honesto trabajadores con criminales con puntuarlo de asesinos?  La respuesta parece estar en los “policías” que realizaron el OLP, la mayoría no eran de la Maracaibo. En las informaciones recopiladas por los diversos medios muchos testigos aseguran en las conversaciones sostenidas entre los “funcionarios”  tenían acento caraqueño y otros acento cubano así como de la localidad.

En otras palabras; quienes tenían la orden de ejecutar no eran de aquí, no conocían la zona, no tenían información precisa de quién es quién en Santa Rosa y lo peor del caso, no había ningún Juez de paz o fiscal que acompañara a esos delincuentes con uniforme para controlar sus acciones. Se especula que trajeron colectivos de Caracas y agentes del G2 cubano con placa de policía para las ejecuciones.

Ahora bien, la pregunta es: ¿han bajado los índices delictivos con estas operaciones? Si algún curioso periodista pregunta en cualquier instancia del gobierno por estas cifras le dirán que no están autorizados para dar tal información que deben preguntar al el jefe supremo superior de los superiores que nunca esta y que nunca dirá nada pero quién escribe estas líneas que también forma parte de ese grupo de personas es testigo de que la violencia y la delincuencia puede asegurar que no ha bajado ningún índice, todo lo contrario ha aumentado vertiginosamente.

A los tres días de haber asesinado a los hermanos Olivares Calixto, a quienes conocí personalmente en la casa de uno de mis hijos en la urbanización San Jacinto se metieron a la fuerza tres malandros despojándolos de todo el dinero y los celulares, afortunadamente no hubo daños físicos pero si trauma emocional en los niños. Una semana después a otro de mis hijo que vive en el centro de la ciudad se subieron en el techo para robar el aire acondicionado, un día después a mi hermana le roban la cartera las famosas pirañas de la ciudad en el centro comercial Chinita ¿La respuesta? No lo creo….

siglicgutierrez09@gmail.com

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