9 de Noviembre de 2018

YAJAIRA HERNÁNDEZ|Tampoco hay tratamientos para enfermos crónicos

Trescientos mil  venezolanos trasplantados, con cáncer, hemofilia, Parkinson y esclerosis están a merced de padecimientos que cada vez cobran más vidas en el país, debido a la privación de medicamentos que enfrentan desde hace dos años.

Es otra muestra más de la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive en Venezuela en materia sanitaria, la cual comprende “impactos de gran alcance en el menoscabo y destrucción de las capacidades sanitarias nacionales”, de acuerdo con un informe elaborado por organizaciones de personas afectadas, profesionales en terrenos, investigadores, académicos y representantes de doce organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud.

El documento, considerado como un reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho a la Salud en Venezuela, ofrece un diagnóstico de la calamidad que supone ser un enfermo crónico en un país donde al ciudadano, de múltiples formas, se le menoscaba el derecho a vivir.

En el caso de los enfermos crónicos, el documento revela  que hasta 2016 un total de 74.000 personas con condiciones crónicas graves se beneficiaban de los servicios de 58 farmacias de la seguridad social, donde recibían medicamentos de alto costo. Mientras otras 300,000 tenían acceso a sus tratamientos en establecimientos privados. Pero a partir de los recortes de las importaciones quedó suspendida la adquisición de medicinas altamente especializadas sin que el paciente tuviera otras opciones para adquirir los productos que su salud les reclama. En tanto, en las farmacias se agotaban las existencias, con lo cual se privaba a cientos de miles de enfermos de las únicas posibilidades de tratamiento disponibles en el país.

El resultado se cuenta en cifras rojas como sinónimo de alarma y luto: 3.000 trasplantados dejaron de recibir inmunosupresores con penosos resultados, los cuales dan cuenta del rechazo de sus órganos en 96 casos y 12 decesos por la misma causa. Hay más: “…2.500 de 15.000 personas que se dializan por deficiencias renales, fallecieron entre 2017 y 2018 por las fallas, contaminación, déficit y cierre de las unidades de diálisis…”.

Los hemofílicos no tuvieron mejor suerte. De los 5.000 pacientes a quienes se les negaron factores de coagulación para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica, fallecieron 43, mientras otras 270 se encuentran en riesgo de morir.

El informe respecto a los enfermos con parkinson es particularmente doloroso: “… 33.000 personas… perdieron sus medicamentos, causándoles terribles sufrimientos que van desde la pérdida de equilibrio hasta una rigidez total que puede provocar la muerte”.

Otro renglón dedicado a cuatro padecimientos diferentes cuenta otra historia en números, pero idéntica en ansiedad y riesgo: “… también 8.000 mujeres con cáncer de mama, 13.000 con linfoma, 2.700 con esclerosis múltiple, 200 con hipertensión pulmonar… han sufrido daños a su salud y corren peligro de perder la vida”.

Desafortunadamente no son los únicos: “…140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía. En los casos de personas con cáncer y problemas cardiovasculares, principales causas de muerte en el país, la esperanza de vida es muy baja”.

Las causas, aunque dicho de modos distintos, siempre es la misma: indolencia. El desdén de quienes, en lugar de garantizar un derecho tan fundamental como el de la salud, ya sea por acción u omisión, termina arrebatándole al ciudadano la esperanza de vivir con dignidad.

El diagnóstico plasmado en el reporte revela que las adversidades de los enfermos con cáncer involucran todo el proceso científicamente diseñado para luchar por la vida de esos pacientes: “Los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a unas 140.000 personas con cáncer. De 25 unidades de radioterapia, solo operan 4 y las cirugías disminuyeron 50%… Tampoco se cuenta con mamógrafos ni tomógrafos”.

Igualmente limitadas son las posibilidades de sobrevivir para los corazones maltrechos: “Para más de 300.000 personas con condiciones cardíacas severas, 78% de los centros públicos de referencia no están en capacidad de atender una emergencia…39% no puede hacer un electrocardiograma, ninguno realiza exámenes en caso de infarto y 88% tampoco exámenes sanguíneos de cualquier tipo; 68% no tiene las medicinas indicadas ni efectúa cateterismos; 93% no hace angioplastias y 92% carece de aspirinas. Al menos 4 servicios de cirugía cardiovascular han cerrado, no existen suficientes dispositivos de electro-estimulación, especialistas ni insumos para una cirugía cardiovascular adecuada”.

Se trata, en síntesis, de una auténtica tragedia que se manifiesta en cifras de dolor y muerte, causadas por: “Una institucionalidad sanitaria ausente, la paralización y cierre operativo de la mayor parte de los servicios de atención médica y la denegación prolongada de medicinas, vacunas e insumos sanitarios básicos para la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones, y la atención de personas con condiciones crónicas, desnutrición, embarazadas y recién nacidos, en un contexto de grave inseguridad alimentaria, hundimiento económico, 61% de extrema pobreza, alta incidencia de muertes violentas y colapso de los servicios básicos”.

Un escenario que tal vez explique las razones por las cuales, al margen de las condiciones y consecuencias, venezolanos de todas las edades prefieren los escollos del éxodo por encima del riesgo a vivir en un país donde la adversidad termina alcanzando a cada uno de sus ciudadanos.

 

@YajaHernandez|Periodista|Profesora universitaria

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