21 de Octubre de 2018

YAJAIRA HERNÁNDEZ|Donde la salud no vale “medio”

Sin garantías de acceso a diagnósticos ni tratamientos, casi seis de cada diez venezolanos tienen comprometida su salud y hasta su vida.

Son cerca de diecinueve millones de personas, 18,7 millones para ser exactos, quienes enfrentan las condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad en Venezuela, pero que no tienen cómo ni dónde atender padecimientos ante cuya presencia podrían exhalar su último aliento.

Dicho en buen criollo: el equivalente a la población de Chile sufre las enfermedades más frecuentes y que más muertes causan en Venezuela, donde no encuentran opciones para restablecer la salud perdida.

No se trata de las exageraciones alarmistas de una derecha histérica empeñada en el desprestigio de los colorados gobernantes. Es, vergonzosa y dolorosamente, el resultado de un reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho a la Salud en Venezuela, de cuya elaboración participaron organizaciones de personas afectadas, profesionales en terrenos, investigadores y académicos, así como doce organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud.

Juntos elaboraron un completo informe que da cuenta de la más trágica emergencia que conozca la historia nacional, cuya extensa y minuciosa documentación se sustenta en abundante información que abarcó datos empíricos, investigaciones científicas, estadísticas oficiales y reportajes periodísticos disponibles, con base en los cuales se concluyó, entre otras cosas, que el país: “Con una población de 31.8 millones de habitantes… vive una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2015 sin precedentes en el país”.

El resultado no es poca cosa, si se considera que de los casi 32 millones de habitantes: “… 18,7 millones de personas con las condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos.”. Ello sugiere que más de la mitad de la población, el 58.8% de los que habitan suelo venezolano, vive en carne propia, literalmente hablando, la precariedad de un sistema de salud que permite considerar la de Venezuela como una Emergencia Humanitaria Compleja.

El término, de acuerdo con las Naciones Unidas, se refiere a: “Una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que hay una total o considerable ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el programa de país de las Naciones Unidas en curso” (IASC, 1994).

Ello traduce que: “Dar respuesta a una EHC implica usar marcos y mecanismos de protección internacional en forma simultánea, dado que sus exigencias humanitarias son multifacéticas, hay un gran número de personas en vulnerabilidad extrema y diversos factores actúan en combinación, produciendo una amplia y severa destrucción de las capacidades internas de un país para garantizar los derechos de asistencia y protección de toda la población, incluyendo restricciones al cumplimiento de obligaciones internacionales”.

Los motivos que la sustentan son detallados en el informe, el cual contempla registros, cifras y estadísticas que hablan del martirio que supone ser un enfermo en Venezuela.

Destacan entre ellos que al menos el 60% de la asistencia médica disponible en 2011, prestada por servicios de salud públicos a 82% de la población usuaria. se perdió entre 2012 y 2017.

Peor aún es el hecho de que, de acuerdo con el reporte, se incrementó en un 66% la escala de muertes maternas y en 30% las infantiles de 2015 a 2016, ritmo que sigue en ascenso hasta la fecha, con los agravantes de la desnutrición y las epidemias.

Desafortunadamente hasta ahí no llegan los males descritos en el reporte, cuyos autores hicieron una recopilación de las cifras que agobian a expertos y avergüenzan a un gentilicio.

En materia de malaria, por ejemplo, pasan de cuatrocientos mil los enfermos que generó la epidemia en 2017, aunque la cifra podría llegar a 700.000 nuevos casos al finalizar 2018 por debilidad de los programas antipalúdicos. Mientras que la  tuberculosis reportó 10.952 nuevos casos el año anterior, buena parte de los cuales se detectaron en las cárceles, debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa.

La difteria y el sarampión, después de un largo silencio, exhiben 9.362 afectados en este año, con un total de 230 muertes por esa causa. Lo peor es que: “Estas epidemias ya se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación”.

Los trasplantados, hemofílicos, enfermos de cáncer, parkinson, esclerosis y otras condiciones crónicas graves, que en total suman unos 300.000, no han tenido mejor suerte, por cuanto han sido privados de medicamentos desde 2016. En tanto que otras 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía.

A ellos se suman unas 79.000 personas con VIH, quienes dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017, con el previsible incremento en el número de defunciones, el cual se elevó de 1.800 en 2014 a más de 5.000 en los últimos años.

Penurias semejantes han sufrido los enfermos renales, al contabilizarse la muerte de 2.500 de las 15.000 personas que se dializan (entre 2017 y 2018) por las fallas, contaminación, déficit y cierre de las unidades de diálisis.

Se trata, en síntesis, de un panorama caótico que va apagando cada vez mayor número de vidas en una tierra que, otrora, fuera ejemplo de progreso y futuro… y sin luces al final del túnel.

 

@YajaHernandez|Periodista|Profesora universitaria

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