6 de Agosto de 2017

CRISIS|Maduro aleja a Venezuela del mundo

Las relaciones comerciales de Venezuela, en un contexto de crisis humanitaria, dependerán de la posición del gobierno para retomar el camino democrático y Estado de Derecho. 11 de los 16 principales socios comerciales de Venezuela han señalado que la ANC es ilegítima

“Nada ni nadie podrá detener esta constituyente”, dijo Nicolás Maduro al referirse a las sanciones –activos congelados y prohibición de entrada a ese país– que el gobierno estadounidense le impuso el lunes, horas después de que se concretara este proceso político que socava las bases de la democracia. Desde que se intensificó el conflicto en Venezuela –sobre todo después del llamado a la asamblea nacional constituyente– los países de la región y la Unión Europea tampoco se han detenido para condenar y desconocer ese proceso. A la fecha al menos 38 países –se incluyen los 28 de la UE– no la reconocen. El Vaticano pidió suspender su instalación el viernes, Uruguay y República Dominicana se mantienen preocupados y llaman al diálogo, mientras que Cuba, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Rusia la legitiman. Pero más allá de este rechazo, la comunidad internacional podría comenzar a cerrar sus puertas a Venezuela hasta que no recupere su institucionalidad, colocándola al margen de acuerdos, procesos de intercambios, lo que significaría el aislamiento diplomático y comercial.

Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, lo advierte: “Los gobiernos están comenzando a tratar a Venezuela como una dictadura formalmente, antes era una relación de condena, una manifestación de preocupación. Pero a partir del domingo (30 de julio) jefes de Estados manejan el término de dictadura”.

El aislamiento diplomático de Venezuela viene creciendo desde hace tiempo. “Estamos en una fase transicional”, dice el abogado y especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, por lo que el país no es bien visto en reuniones internacionales. “Prácticamente no tiene comunicación con la gran mayoría de los países de la región. No participa ni es relevante en ningún debate internacional. Pero hasta ahora se estaba moviendo en el campo diplomático. Como la situación se está agravando, eso haría menos probable las comunicaciones y las posibilidades de negociaciones”.

Con el anuncio que hizo la empresa Smartmatic sobre la manipulación de resultados en la votación del 30 de julio, no se descarta que más países desconozcan la elección constituyente. De Alba señala que a partir de su instalación, los países reafirmarían el carácter ilegítimo: “Por ahora pareciera que el ánimo de la región es concentrarse en el desconocimiento, que es una medida política y diplomática que va a tener efectos. Conforme avance la asamblea en cualquier decisión que tome: autoridades designadas, nuevo presidente, la firma de algún acuerdo será muy difícil que sea con países que hayan señalado su carácter ilegítimo”.

Las medidas en puertas para aumentar la presión sobre Venezuela y recrudecer su aislamiento podrían evidenciarse aún más con el retiro de embajadores. Colombia y Perú lo hicieron desde la publicación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que suprimieron las competencias de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015 con mayoría opositora. Costa Rica no tiene embajador, solo mantiene un funcionario consular. A esto se plantea el escenario de expulsión de funcionarios venezolanos en países donde Venezuela mantiene sus misiones diplomáticas.

“Con la reunión de cancilleres que se hará el martes (8 de agosto) en Lima, donde participarán los países más críticos, se podría tomar una decisión conjunta del cese parcial o minimización de las relaciones diplomáticas”, señala De Alba. La Cancillería de Perú informó que se evaluará “la situación creada por las elecciones para una asamblea constituyente y su impacto sobre el orden democrático”. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá confirmaron su asistencia. “De América del Sur, las únicas naciones que no aparecen son Bolivia, Ecuador y Uruguay”, se lee en el comunicado.

El canciller peruano, Ricardo Luna, declaró que Lima no tomará ninguna decisión individual sobre Venezuela hasta no sostener el encuentro con los demás ministros de Relaciones Exteriores. “No es un problema bilateral entre Perú y Venezuela, es un problema de la región que hay que enfrentar con seriedad”.

Para Maduro, esa reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, convocada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es para montar “una agresión política, económica y militar sobre Venezuela”.

Lo que Chávez comenzó

De los 16 principales socios comerciales de Venezuela, hasta el viernes 11 habían dicho que la constituyente es ilegítima y han condenado la situación de ruptura del orden democrático. Entre esos, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Argentina. La politóloga especializada en economía internacional, Catherine de Oliveira Palacios, expresa que las negociaciones comerciales entre Venezuela y esos países “estarán supeditadas a la apertura democrática, pues la crisis política, social y económica en Venezuela afecta a estos Estados, porque podrían caer en regímenes autoritarios y represivos parecidos en el futuro, sobre todo América Latina si no se adoptan medidas en el presente”.

En el ámbito latinoamericano Venezuela ya se encuentra en un aislamiento de los procesos de integración económica regional, reconoce María Auxiliadora Andrade, internacionalista, especialista en integración económica de América Latina y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Menciona que para 2006 con el retiro del Grupo de los Tres: México, Colombia y Venezuela –que permitía un ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte– “se perdió competitividad al eliminarse el beneficio arancelario en el marco del referido acuerdo y además un importante mercado de exportación de millones de dólares”. El entonces presidente Hugo Chávez ordenó el retiro por considerar que estaba “conformado bajo el esquema del más puro neoliberalismo”.

Ese mismo año Venezuela también salió de la Comunidad Andina de Naciones. Chávez rechazó que Colombia y Perú negociaran tratados de libre comercio con Estados Unidos. “Fue un retiro abrupto con el consabido desconocimiento de la importancia del mecanismo subregional y la pérdida de nuestra posición negociadora y de exportaciones del sector no tradicional, la pérdida de un mercado de más de 40 millardos de dólares, el abandono de la estructura institucional del Sistema Andino de Integración. Las Pymes venezolanas perdieron la oportunidad de consolidarse en el mercado andino, y además negociar con otros esquemas de integración como la Unión Europea”, explica Andrade.

En el caso del Mercado Común del Sur, Andrade considera que el ingreso de Venezuela –concretado en 2012–, estuvo precedido por el deseo de convertir los esquemas de integración en esquemas políticos por sobre lo económico: “Se denota un ingreso plagado de desventajas para Venezuela solo en el interés de los sureños en la capacidad energética”. Sin embargo, el Protocolo de Ushuaia del Mercosur requiere del compromiso de los integrantes del bloque con la democracia: “El respeto en sus instituciones, a los derechos humanos, la libertad de expresión, el desarrollo de los pueblos. Estos compromisos se encuentran seriamente cuestionados en Venezuela por la falta de un Estado de Derecho, las libertades fundamentales de los ciudadanos, por las violaciones a los derechos humanos, la precariedad en las condiciones económicas, sociales y políticas de sus ciudadanos”, manifiesta Andrade.

Detener el encierro

Las consecuencias de un aislamiento harían mucho daño al país y a sus ciudadanos. No en vano, ante los reiterados anuncios del gobierno estadounidense y la probabilidad de sanciones económicas a corto plazo, como considera De Alba, la situación de precariedad puede recrudecer. “Maduro sabe que le sería fatal aislarse económicamente, por lo que ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere buenas relaciones con el mandatario estadounidense Donald Trump”. Después de conocer que fue sancionado, Maduro dijo: “Le he dicho públicamente que estoy dispuesto a hablar con él, a mí no me tiembla el pulso”.

De extenderse las sanciones a lo comercial, económico y financiero se tendrían “serias y catastróficas” repercusiones en la economía y en las condiciones de vida de los venezolanos. A juicio de Andrade estaría por verse la participación e inversión de grandes empresas transnacionales en la explotación del Arco Minero, la nueva apuesta de atracción de ingresos para el gobierno, frente a la caída de la producción petrolera y de los precios del crudo. Hasta el momento solo cuatro empresas transnacionales de China, República del Congo y Canadá han firmado acuerdos con Venezuela para la explotación de ese bloque.

La dieta básica del venezolano, en medio de una economía estancada, se basa en los acuerdos comerciales con otros países. De acuerdo con el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Asociación Latinoamericana de Integración, en 2014 el principal producto de importación de Venezuela con Brasil fue carne de animal especie bovina con una inversión de 995.138 millones de dólares. Con Colombia, azúcares y artículos de confitería, abonos minerales o químicos, cacao, pañales de bebé y papel higiénico. Mientras que de México se importaron productos para la manufactura de fundición (hierro y acero), maíz blanco, champú y fórmulas lácteas para niños hasta 12 meses de edad.

En la relación comercial con Argentina tuvo mayor peso la compra de grasas y aceites animales y vegetales y maíz amarrillo, así como también, leche, lácteos y huevos. Con respecto a Estados Unidos se importó 360.462 millones de dólares en maíz amarrillo.

“En el caso del intercambio comercial con Argentina y Brasil destaca la ventaja del Arancel Cero del Mercosur para el comercio intrabloque, que abarata la compra de mercancías. Además, con países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, entre otros del continente, destaca la oportunidad de ser más barato el flete por la cercanía geográfica”, señala de Oliveira Palacios.

En cuanto a los aliados de Petrocaribe podrían comenzar a retirarse las alianzas. “A excepción de Cuba –el más favorecido, pues es el benefactor petrolero de pagos preferenciales y de construcción de refinerías, oleoductos y plantas eléctricas— ya no estaría en posición de seguir otorgándolo a cambio de un acompañamiento en las votaciones de organismos regionales e internacionales”, enfatiza Andrade.

Ante esta presión internacional, para de Oliveira Palacios, el gobierno tendría que optar por ir a un diálogo: “O ceder el margen de negociación con la oposición, que permita el reconocimiento de la misma (sin menoscabo de derechos), para evitar así un aislamiento económico, dado que la economía venezolana es dependiente de la exportación de petróleo para la adquisición de ingresos en divisas, para la compra de productos manufacturados, e inclusive alimentos y productos de higiene diaria”.

Aunque el fin de las empresas es obtener ganancias, “el temor a unas sanciones por establecer una relación económica con el gobierno de Maduro, las llevaría a incurrir en pérdidas, además de adquirir una mala reputación que les acarrearía multas y caída de las ventas o de los clientes. Esto explica la razón de que la empresa internacional como Smartmatic decidiera denunciar el fraude de la elección constituyente de Maduro”, indica de Oliveira Palacios.

Y agrega: “Un escenario de aislamiento internacional, aunque al gobierno ideológicamente no le importe, en el terreno de la realidad no le convendría, porque eso traería una mayor escasez de la que ya impera en la economía venezolana, fatal para la estabilidad del gobierno”. Andrade rescata que en casos en que se han efectuado sanciones económicas a países, “las mismas podrían respetar los envíos de medicinas y de alimentos, lo cual no quiere decir que sea una condición sine qua non de las referidas sanciones; ello estaría sujeto a la decisión política del país que aplique las sanciones y del alcance que las mismas puedan tener”. Y aunque el gobierno podría estrechar lazos comerciales con países que apoyen su línea ideológica, como Bolivia y Ecuador, de Oliveira Palacios cree que “sería un escenario no muy probable por ser poco rentable”.

Efectividad simbólica

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones de carácter económico e individual a 13 altos funcionarios del gobierno días previos a la elección constituyente. Destacan Rocco Albisinni Serrano, presidente del Cencoex; Alejandro Fleming, viceministro de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela; Franklin García, ex director nacional de la Policía Nacional Bolivariana; Elías Jaua, jefe de la comisión presidencial para la asamblea constituyente y ministro de Educación; así como Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, entre otros. En febrero ocurrió lo mismo con el vicepresidente Tareck El Aissami por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mariano de Alba menciona que es probable que la lista de sancionados aumente a más funcionarios venezolanos en los próximos días.  Las sanciones se pueden imponer a individuos, bancos, sistemas financieros o pueden ser embargos económicos, enumera el analista Hidalgo. Al cierre de esta edición, Estados Unidos había sido el único país en sancionar con medidas a Venezuela, las cuales fueron respaldadas por Colombia y Panamá. El miércoles (2 de agosto) la Unión Europea y sus estados miembros desconocieron la asamblea nacional constituyente “por dudas sobre su legitimidad”, pero no avanzó hasta la aplicación de sanciones aunque advirtió que intensificarán sus respuestas si se siguen socavando los principios democráticos en este país.

“Estas sanciones son de tipo moral y con el imperativo de hacer valer principios democráticos, de respeto a los derechos humanos, a la Constitución y leyes de la República, al principio de separación de poderes, condición sine qua non de toda democracia, como principios y valores universales de occidente”, dice Andrade. Asevera que este tipo de medidas se aplican a Estados, instituciones no estatales y a personas que suponen amenazas para la paz, la estabilidad y la seguridad internacional. “Se aplican con el objetivo de modificar sus conductas. Por ello no solo podrían ser dirigidas al presidente, sino a todos aquellos funcionarios venezolanos que sean responsables de políticas o acciones indeseadas. Ello busca fundamentalmente debilitar su capacidad de maniobra, disminuir sus estrategias, así como denunciarlos públicamente a la comunidad internacional y someterlos al escrutinio de los ciudadanos. Las sanciones internacionales tienen un carácter preventivo y en proporción al objetivo que se persigue”, explica Andrade.

De Oliveira Palacios cree que si el gobierno cede en un reconocimiento a la oposición a través del diálogo y la negociación, y hay un compromiso a la salida de la crisis, “es posible que esas amenazas de sanciones a empresas o transnacionales que firmen con Venezuela se levanten, así como las sanciones a funcionarios venezolanos”.

Sin embargo, la efectividad de las sanciones internacionales es de bajo récord. Hidalgo indica que en 66% de los casos no logran su objetivo, es decir, una de cada tres. “En este caso, las que buscan un cambio de régimen, tienden a ser menos efectivas y sobre todo las que no se aplican de forma multilateral. En Venezuela estamos viendo sanciones a individuos, que es diferente a toda una economía. Y también países que están dispuestos a imponer sanciones similares a figuras del régimen, lo cual creo que es bienvenido, pero difícilmente por sí misma logren un cambio en el régimen de Maduro”, expresa Hidalgo. Pero rescata que sí pueden contribuir en hacer algunas fisuras dentro del régimen cuando los funcionarios las vean venir. “Esto no desmerita su importancia simbólica y su efecto. Pero lo más importante es la presión de calle de los venezolanos”.

La lista negra de los líderes  

En 2003 Estados Unidos congeló activos del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por considerar que cometía “abusos antidemocráticos”. Otros 76 funcionarios de ese gobierno también fueron alcanzados por la medida. La decisión del entonces mandatario estadounidense, George W. Bush, se impuso a través de un decreto presidencial. Washington seguía de cerca la situación en ese país africano tras la ola de detenciones a personas de oposición.

En 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas contra el presidente de Siria, Bashar al Asad, y otros seis altos cargos del gobierno de Damasco. La medida se tomó luego de la represión y violencia que ejerció el régimen contra los manifestantes opositores a su gobierno. A Bashar al Asad se le bloquearon las cuentas y propiedades en Estados Unidos y se prohibió a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones económicas con todos los funcionarios sancionados.

En 2011 también se impusieron sanciones contra el entonces mandatario de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, su familia y simpatizantes por violaciones de derechos humanos tras provocar una guerra civil. Las sanciones prohibieron el comercio con aquellas personas y organizaciones que suministraran armamento o asistencia al país. Gbagbo fue acusado por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional.

En 2016, las sanciones fueron para Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, y otros 10 funcionarios por abuso y violación de derechos humanos. El objetivo era entorpecer su sistema financiero. “Sigue infligiendo una crueldad y sufrimiento intolerables a millones de personas de su propio pueblo, incluidos asesinatos extrajudiciales, trabajos forzados y tortura”, señaló el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Países sanciones a países

Rusia: en 2014, Estados Unidos y la Unión Europea  anunciaron  la aplicación de medidas restrictivas contra las autoridades del gobierno ruso tras ser acusados de violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Se aplicaron sanciones a funcionarios estatales rusos, al primer ministro de Crimea y se congelaron sus activos, por lo que Rusia respondió aplicando restricciones a algunos rubros del sector agrícola y alimentario, decisión que afectó a Australia, Canadá y Noruega. En 2015 y 2016 las sanciones fueron prorrogadas por parte de Estados Unidos, y el jueves 27 de julio, el Senado estadounidense aprobó por abrumadora mayoría un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.

República Democrática del Congo: desde 2006 las Naciones Unidas aplica sanciones a los activos de los funcionarios señalados por violaciones a los derechos humanos y asesinatos así como a las fuerzas militares del gobierno.

Siria: en 2004 se aplicaron restricciones por apoyo a grupos terroristas, desarrollo de armas de destrucción masiva, ayuda a los rebeldes de Irak, se congelaron las cuentas de individuos y compañías en Estados Unidos, más la prohibición de todo tipo de bienes, a excepción de alimentos y medicinas. Las sanciones se mantienen desde 2010, se refrendaron con el alegato de que Siria representa una amenaza a la economía, política exterior y la seguridad estadounidenses.

Irán: a partir de 1979, tras el derrocamiento del sha de Irán por la revolución islámica, se congelaron activos y reservas de oro, así como sanciones a empresas extranjeras que violaran las restricciones. En 1987 las relaciones comerciales se cancelaron completamente entre Estados Unidos e Irán. Y en 1996 hubo más sanciones contra inversiones en el sector energético. Otras medidas se tomaron en 2012 contra los bancos, empresas e individuos asociados al programa nuclear. Aún persisten las amenazas de Estados Unidos de aumentarlas.

Cuba: se aplicaron sanciones económicas desde 1960, la disminución de importación de azúcar, el retiro de apoyo político y militar a todo país que apoyase a Cuba. Prohibición de envío de artículos, a excepción de medicinas y alimentos. De igual manera, sanciones a empresas extranjeras que tuvieran relaciones con Cuba. En 1962 ocurre en el seno de la Organización de Estados Americanos la expulsión de Cuba del sistema interamericano. En Estados Unidos se aprobó utilizar las cuentas congeladas para el pago de compensaciones a víctimas del terrorismo cubano, países de la región les negaron las ventas de productos a ciudadanos cubanos que estaban dentro de su territorio, incluido personal diplomático. A partir de 2014 Estados Unidos y Cuba reiniciaron conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. “Esto bien podría reproducirse en el caso venezolano de seguir el gobierno en clara, abierta y sistemática violación a derechos humanos, persecuciones a líderes opositores, hostigamiento a la prensa socavando la libertad de expresión. Este escenario es un caldo de cultivo para nuevas y oprobiosas sanciones al país”, dice María Auxiliadora Andrade, internacionalista y especialista en integración económica de América Latina.

 

Carmen Victoria Inojosa|El Nacional

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