13 de Octubre de 2017

ALFONSO HERNÁNDEZ|Libertad sindical en Venezuela

Recientemente publique un artículo arbitrado para una universidad española sobre la violación de la Libertad Sindical en Venezuela, del cual me permito destacar algunas consideraciones ante mis lectores dada la gravedad del incumplimiento de este de este derecho fundamental en nuestro país.

La realidad actual por la cual ha estado atravesando el Estado Venezolano, desde su ámbito político, social, económico y jurídico, ha conllevado al deterioro sistemático y progresivo de los Sindicatos, viéndose mermado su protagonismo durante el desenvolvimiento del presente Siglo XXI y considerándose afectada la fuerza que le caracterizó en tiempos pasados, desde el proceso de la instauración de la Democracia en la historia contemporánea en el país.

La Libertad Sindical preside el catálogo de principios y derechos fundamentales, que todos los países miembros de la de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) tienen el compromiso de respetar, promover y hacer realidad, tal como lo afirma Villavicencio dado el consenso global sobre la importancia de los derechos sindicales, reconocidos a nivel internacional como derechos humanos, actualmente constituyen un patrimonio de la humanidad que todo Estado debe estar obligado a respetar y promover, y en Venezuela se ha ratificado su consagración incorporándolo en su derecho interno, como algunos otros Estados miembros de la OIT lo han hecho.

Si bien es cierto en la legislación venezolana existe una normativa que regula la Libertad Sindical y le da carácter constitucional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); en su  artículo 95. De igual forma Venezuela al ratificar los Convenios N° 87, sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (1948); y el N° 98, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, (1949), debe hacer prevalecer los derechos fundamentales en el trabajo consagrados en los referidos instrumentos jurídicos, en función de lo expresado en el texto de la CRBV, en su  artículo 23.

No obstante, según lo planteado por Bonilla, muchas instituciones e individuos reclaman al Gobierno Venezolano, una continua violación de la libertad y autonomía sindical y la promoción de políticas y esquemas que están debilitando las instituciones fundamentales de las relaciones de trabajo, como la convención colectiva, o que impulsan la precarización del trabajo como las Cooperativas y las Empresas de Producción Social. Criterio secundado por Lucena el cual plantea, que al revisar los antecedentes y las relaciones laborales durante el período 1999-2011, es posible afirmar que el sistema laboral venezolano esté altamente intervenido por el Estado.

En este mismo orden de ideas, Marín Quijada, plantea que el aspecto más dramático de la situación sindical venezolana, en la perspectiva de los órganos de control de aplicación de normas de la OIT, son las violaciones a los derechos humanos, como también el problema normativo, el cual infiere en la intervención oficial en las elecciones sindicales y, más recientemente, en la afiliación sindical. Considerando que el problema normativo de mayor impacto es, la intervención oficial en las elecciones sindicales y en la afiliación sindical, violando el ejercicio de la libertad y autonomía de las organizaciones sindicales.

Contrariamente a este principio, Carballo, considera que en Venezuela, se evidencia la violación constante, sistemática y progresiva de la Libertad Sindical, como un derecho fundamental de los trabajadores, aunada a la alta intervención por parte del Estado, en los procesos de elecciones sindicales y de afiliación, con el agravante de desconocer organizaciones sindicales formalmente constituidas, negándose a negociar con ellas, en detrimento de sus representantes y de los trabajadores, al punto que las organizaciones sindicales, no afectas al gobierno, han sido excluidas del Diálogo Social, por lo cual no se les consulta para la adopción de leyes importantes que afectan los intereses de los trabajadores y de los empleadores.

Cabe señalar que las violaciones a los derechos y garantías de los trabajadores, es una compromiso  directo del Estado venezolano, de sancionar y evitar que la impunidad siga vigente sin establecerse responsabilidades a los causantes de estas transgresiones, provocando que el clima de violencia que se vive en los sectores sindica­les siga en ascenso en detrimento de los derechos humanos, de la Libertad Sindical y de la estabilidad democrática del país.

 

@AlfonsoZulia|Politólogo|Abogado|dialogopublico@gmail.com

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